Una sentencia deja a la alcaldesa socialista de Tavernes con el agua al cuello
Ni motivos, ni preceptos legales ni "una vaga referencia". La sentencia desmonta las pretensiones del equipo de gobierno, que cerró un pozo y provocó el recurso de los vecinos
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia ha vuelto a dar otro varapalo judicial a la alcaldesa de Tavernes Blanques, la socialista Mari-Carmen Tormo, en su pretensión de cerrar un pozo que suministra agua a varias comunidades de propietarios del municipio. El citado juzgado condena, según decreta en la sentencia emitida esta semana, al Consistorio "a eliminar las medidas adoptadas adoptadas sobre el pozo" y le impone las costas procesales.
Además, la resolución judicial no duda en afirmar que "el acto administrativo impugnado no explicita los motivos por los cuales acuerda la clausura del pozo del que se servían los demandantes". Sigue tumbando con contundencia los argumentos del Consistorio por, precisamente, no argumentarlos ni "basarse en preceptos legales o reglamentarios y tan solo hace una vaga referencia a los obstáculos que se le habrían puesto para poder analizar el agua". Incluso llega a afirmar que "en el expediente no hay informes técnicos ni jurídicos ni ningún otro documento más que las alegaciones de los demandantes la resolución de incoación".
Después de recalcar que "no aporta expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar" el Ayuntamiento, compara esta situación con la "documentación que ha aportado la parte demandante (la comunidad de propietarios)". Por los diversos motivos argumentados no duda en afirmar que "la resolución impugnada debe ser anulada por falta de motivación y porque no se justifica ni el motivo ni la competencia en virtud de la cual el Ayuntamiento ha acordado la clausura del pozo".
El litigio viene por el uso vecinal de un pozo en la zona del Grupo Virgen de los Desamparados, en el municipio de Tavernes Blanques. La alcaldesa decretó el cierre del citado pozo, las comunidades de propietarios recurrieron y pidieron al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia que suspendiera la ejecución de la orden de "desconectarlos", medida que resolvió y el Consistorio recurrió y ahora ha zanjado el juzgado con su sentencia.
La alcaldesa socialista, Mari-Carmen Marco, inició un procedimiento el pasado mes de marzo para la clausura del pozo. Los vecinos solicitaron la instalación de una planta de autocontrol (ósmosis y cloración automática), pero el Ayuntamiento lo impidió con el cierre del citado pozo. Con el litigio enconado, según explica la concejal de Vox, Laura Carrasco, en un comunicado, "el equipo de gobierno ha enganchado las casas a un contador de Aguas de Valencia en contra de la voluntad de los propios vecinos, sin haber el más mínimo riesgo ni exigencia sanitaria y, presuntamente, tomando una medida arbitraria a sabiendas". El equipo de gobierno, por su parte, ha aducido en repetidas ocasiones que se limita a cumplir las ordenanzas municipales en el sentido de que "no se permiten los pozos siempre y cuando haya una toma de agua potable a 100 metros de las viviendas".
La edil de Vox destaca que "ha ganado David contra Goliat -comparando la diferencia de recursos entre vecinos y Ayuntamiento- y recalca que las condena en costas al Consistorio de Tavernes Blanques "va a detraer un dinero que se podría haber destinado a fines sociales para los vecinos".