La doble prisión de las personas con discapacidad

Considero importante leer cada día los diarios para mantenerse informado, yo siempre lo he hecho, aunque reconozco que en los últimos tiempos casi todos son digitales, básicamente por lo que supone tener al alcance de un clic un buen número de periódicos, lo que da pie a comparar y valorar, que en esta sociedad de hoy inundada de fake news o noticias falsas e interesadas es algo que se antoja casi imprescindible.

Ese hábito, además, me da la oportunidad de encontrar de vez en cuando historias diferentes e interesantes, sobre todo una vez que nos salimos de los grandes titulares para entrar en las pequeñas crónicas, esos rincones escondidos donde la vida se abre paso con la dificultad de lo cotidiano.

En esta ocasión fue un reportaje del diario Público el que me llamó la atención. Hablaba del encarcelamiento de una pareja, un hombre y una mujer unidos en una relación y originarios de Valladolid. Los dos habían entrado voluntariamente en el penal de Zuera, en Zaragoza, después de ser condenados. Ella, a quince meses de prisión y 460€ de responsabilidad civil por el juzgado de Málaga; él, a dos años y tres meses por el de Ponferrada. Ambos habían sido sentenciados por estafa, por marcharse sin pagar de establecimientos hosteleros. Ambos eran ciegos.

La mujer era la primera vez que ingresaba en prisión y padecía, además de la ceguera, trastorno bipolar, alteraciones del equilibrio

La mujer era la primera vez que ingresaba en prisión y padecía, además de la ceguera, trastorno bipolar, alteraciones del equilibrio, problemas de desplazamiento y fobia a los transportes y a los recintos cerrados; el hombre, que ya había estado encarcelado antes, sufría pérdida de sensibilidad en el brazo izquierdo como consecuencia de un ictus.

En agosto de 2019, cuando conocí la noticia, llevaban dos meses en la enfermería ayudados por presos de apoyo, porque el penal no estaba adaptado para personas con discapacidad, mucho menos ese tipo de discapacidad, mientras los clasificaban, previsiblemente en segundo o tercer grado, y decidían si se les asignaba un módulo o los trasladaban.

Lo que me llamó la atención fue que a sus dificultades personales se les añadían otras propias de una cárcel, como la imposibilidad de ayudarse de bastones para caminar, considerados como armas blancas, también la carencia de espacios adecuados y de material para actividades de formación o entretenimiento; no tenían acceso a libros en Braille. En su caso, vivir en el dispensario suponía no poder relacionarse con otros reclusos, salvo los de apoyo, con lo que el aislamiento era prácticamente total.

Hoy quise volver, buscar más información tratando de conocer cómo les iba, y descubro que en diciembre todavía continuaban en la misma situación y en la misma cárcel, a pesar de las cortas condenas. Seis meses en su aislamiento del consultorio médico, sin que las autoridades penitenciarias sepan muy bien qué hacer con ellos.

Encuentro además un blog de CAMPA (Colectivo de mujeres presas de Aragón) en el que denunciaban que "no les han dado el tercer grado porque no han abonado la totalidad de la responsabilidad civil impuesta (es requisito indispensable se tenga dinero o no), y porque en Aragón no existen recursos que se adapten a las necesidades de Vanessa y Jesús (así se llaman), es decir, un piso donde puedan establecerse. La ONCE no dispone de viviendas ni de personal que pueda comprometerse a asistirles si residen en una vivienda por su cuenta".

Yo no sé si es habitual que estas cosas sucedan, imagino que no aunque uno es ignorante en estos asuntos, pero me parece cuanto menos llamativo e injusto. No es difícil imaginar que en cualquier circunstancia normal estas personas ya estarían disfrutando la semi libertad que otorga el tercer grado, pero no es así porque son ciegos.

No entiendo qué ganamos como sociedad manteniendo a Vanessa y Jesús aislados del mundo en una enfermería, y me digo que este es el ejemplo claro de la doble prisión que conlleva sufrir una discapacidad.

Más de 4.800 de los casi 51.000 reclusos a finales de 2017 tenían algún tipo de discapacidad

Luego, porque la inercia me lleva, leo que según un estudio del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), más de 4.800 de los casi 51.000 reclusos a finales de 2017 tenían algún tipo de discapacidad; pero que solo dos cárceles, las de Segovia y Estremera, más la catalana de Quatre Camins (Cataluña tiene transferidas las competencias penitenciarias), disponen de módulos específicos adaptados para custodiar a presos con este tipo de disfunciones.

Y que en todo el estado español no existe ninguna cárcel con módulos adaptados para mujeres.

También que, según el Defensor del Pueblo, 1.411 de estos presos lo eran por baja facultad intelectual, con coeficientes entre 50 y 90, este último el límite del considerado normal. La realidad es que la discapacidad de algunos es muy evidente, pero la de otros no lo es tanto; hay quienes además de su trastorno mental tienen añadidas incapacidades físicas o consumen drogas. A otros muchos se les diagnostica tarde, la mayoría cuando ya están en prisión, después de celebrado el juicio.

Problemas de convivencia

"La cárcel es un lugar difícil, y estos reclusos muchas veces no tienen recursos intelectuales suficientes para enfrentarse a los problemas de convivencia que van surgiendo. Son carne de cañón para otros presos, que los manipulan, abusan de ellos, los vejan, los usan para recados, les pegan, les roban sus pertenencias, les quitan el dinero… “—escribe Mónica Ceberio en un estupendo reportaje en el País sobre el Módulo Polivalente 2 del presidio de Estremera, en Madrid, donde conviven 16 internos con discapacidad mental y 4 de apoyo.

Quizás es por esa indefensión que el propio Defensor del Pueblo haya pedido al Ministerio de Justicia legislar para cambiar las penas de cárcel por “medidas de seguridad” para las personas con esta problemática.

Es verdad que quien comete un delito debe pagar su deuda, así debe ser, pero no es menos cierto que existen otras fórmulas como los trabajos sociales

Ya sé que algunos pensarán que los que están entre rejas, sean discapacitados o no, son unos delincuentes a los que habría que encerrar y tirar la llave al mar (supongo que los convencidos de poder lanzar la primera piedra), que hoy día está todo excesivamente radicalizado y con la sensibilidad que parece quebrarse a la menor discrepancia.

Es verdad que quien comete un delito debe pagar su deuda, así debe ser, pero no es menos cierto que existen otras fórmulas como los trabajos sociales, sobre todo para que ese pago no venga con intereses añadidos simplemente por sufrir alguna deficiencia intelectual, física o sensorial.

Porque si en la calle existe discriminación y marginalidad por el hecho de tener una discapacidad, que no será en una prisión donde impera sin piedad la ley del más fuerte.