Caso IVAM: Sentarán en el banquillo a la ex directora, Consuelo Císcar

Como anunció ESDiario tras conocer el resultado de los recursos de apelación presentados ante la Audiencia por los tres investigados en este caso –Consuelo Císcar en su calidad de directora gerente y Juan Carlos Lledó como subdirector económico del IVAM, y José Luis Rueda, hijo y heredero universal de Gerardo Rueda- la magistrada Nuria Soler, juez de refuerzo del Juzgado 21 que lleva la instrucción mientras es a la vez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Torrent, no ha tardado en dictar auto por el que se declara la apertura de juicio oral.

Desde noviembre se conocen los escritos provisionales de las acusaciones que se consolidan hoy definitivos y que van desde las penas de prisión de cinco años para J. L. Rueda, cinco y medio para J. C. Lledó y seis para C. Císcar, propuestas por el ministerio fiscal; hasta los doce que indiscriminadamente solicita la acusación particular Acción Cívica contra la Corrupción para los tres acusados.

Llama la atención la discrepancia en las cifras solicitadas en concepto de responsabilidad civil (algo menos de 3,5 millones en el caso de la Fiscalía o los casi 4,2 millones pedidos por la Abogacía de la Generalitat y la acusación particular) y queda sin establecer con claridad, aun confirmando la Instructora las medidas cautelares en concepto de afianzamiento, si tal cantidad debe ser embargada a cada uno de ellos o, como sostienen los interesados y en su día también la fiscalía, dado su carácter solidario, es la cifra total en su conjunto. De hecho, la suma de las cantidades señaladas y ya embargadas preventivamente a cada uno de ellos, la supera en algo más de un millón de euros.

Pese a la repercusión mediática de la decisión judicial, el auto definitivo no aporta nada que no se conociera ya desde hace tres meses. Ni es de suponer que la celebración de la vista resulte inminente.

Fuentes próximas a los investigados indican que, por el tenor literal de la desestimación de los recursos por parte de la Sala Segunda de la Audiencia, la posición de la Instrucción ha quedado claramente debilitada, mientras su contenido facilita la labor esclarecedora de las defensas que ya preparan sus escritos de oposición a las acusaciones y las testificales, pericias y documentación que deberán contemplarse en la vista pública.

En consecuencia, volverán a ponerse de manifiesto analogías muy relevantes (Julio González, Alberto Sánchez, Joan Miró, Jorge Oteiza...) que sin embargo eludió sistemáticamente la instructora, así como la evidencia de título legítimo del heredero y la autorización expresa (hasta ahora despreciada por genérica) realizada en vida hasta en dos ocasiones por el artista. Y, salvo que el tribunal lo impidiera, veremos declarar a prestigiosos expertos en la materia, cuyos testimonio y autoridad, serán determinantes.

En el contexto de otros episodios judiciales recientes, como el caso del accidente del Metro y la definitiva exculpación (catorce años después) de la gerente, Marisa Gracia; las idas y venidas del de la Fórmula 1, con el sobreseimiento y reapertura de imputación para el expresidente Francisco Camps; la investigación del hermano del presidente Puig o la condena del ex marido de la vicepresidenta Oltra, cuesta evitar interpretaciones de índole político que enturbian la acción de la justicia. O, al menos, la imagen que a la misma corresponde.