El enfado de un testigo notable en el caso de la visita del Papa

La anunciada declaración de los miembros del protectorado ha concluido esta semana ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia. Según fuentes informadas, el que fue miembro del Protectorado como decano del Colegio de Registradores y esposo de la presidenta del TSJCV, Vicente Carbonell Serrano, se ha enfrentado abiertamente en su declaración al letrado que le propuso como testigo afeándole su desconocimiento e “ignorancia” por no distinguir su condición de miembro de la comisión del protectorado.

En su declaración, Carbonell ha puesto de manifiesto las competencias del órgano al que perteneció desde la constitución de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en el año 2005, contradiciendo el informe de la Intervención General del Estado que extendía la responsabilidad investigada al protectorado de fundaciones, con el que ha manifestado su desacuerdo.

Desacuerdo compartido por el catedrático de derecho mercantil y ex miembro del Consejo Jurídico Consultivo Vicente Cuñat Edo, quien ha excusado descender a detalles por no recordar lo mismos por el tiempo transcurrido. Ello no ha impedido que subrayara el correcto funcionamiento del Protectorado dependiente de la conselleria de Justicia y la supervisión de los acuerdos de este de forma ordinaria por el propio Consejo Jurídico Consultivo, quien le nombrara para ejercer el cargo.

Estos testigos propuestos por la defensa de uno de los clérigos de la fundación, el que fuera Secretario del Arzobispo García Gascó y hoy es párroco de San Nicolás, investigado en esta causa, coinciden como el resto de miembros del Protectorado que han declarado hasta la fecha con la línea de cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la fundación como por el propio protectorado, tanto en la constitución en 2005 como en la liquidación en 2014.

El que fuera secretario del Protectorado Javier Ortega Escots sostuvo la condición de privada de la fundación al tiempo de la constitución, y calificando la actuación de la Generalitat en el acuerdo de constitución del pleno del Consell en 2004 como perfecto y ajustado a derecho.

Ortega, quien ha ocupado altos cargos en distintas administraciones de la Generalitat Valenciana de la que es alto funcionario, ha contradicho las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía, en lo que algunos los asistentes han calificado como recital jurídico, coincidiendo además con lo expuesto por el subsecretario de Hacienda Francesc Gamero (Compromís), en cuanto a la valoración sobre la correcta constitución de la fundación, de forma jurídicamente ajustada a la legalidad vigente en su momento, su condición de privada y consecuentemente la legalidad de lo contratado en la misma.

La declaración de todos los secretarios del Protectorado de Fundaciones cierra prácticamente la instrucción quedando pendiente la comparecencia como investigado del alto cargo en la Administración de Alberto Fabra y ex concejal de Valencia Eusebio Monzón que está prevista para el próximo mes de abril.