Fiscalía anuncia nuevas pruebas en el juicio por la visita del Papa

La Fiscalía Anticorrupción tiene intención de incorporar más pruebas para "acreditar" que los líderes de la Gürtel agasajaron a funcionarios y autoridades, entre ellos el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, para resultar beneficiados en las adjudicaciones.

Un anuncio de la fiscal Concepción Nicolás para demostrar las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de Orange Market para la instalación de pantallas y megafonía, que supuso el desembolso de más de 7 millones de euros del erario público y cuyo coste permitió el reparto de una suma de 3,3 millones de euros.

Así, la fiscal ha interesado escuchar como testigo a un técnico que realizó un presupuesto inferior al que presentó la trama Gürtel para retransmitir la visita del Pontífice. Asimismo, para acreditar que funcionarios y autoridades recibieron regalos para favorecer a las empresas de Correa, ha pedido que se llame a declarar como testigo al sastre de Milano y Forever Young, José Tomás, que ya declaró como testigo en la causa de los 'trajes', o al empresario Francisco de Paula para "acreditar la inexistencia o la realidad de las facturas" emitidas. En el caso de los trajes quedó absuelto el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Cotino recibió un chaquetón de la marca Milano valorado en 375 euros y el que fuera exdirector de RTVV Pedro García Gimeno consiguió ropa de vestir por importe de 3.550 euros y un coche de la marca Mini valorado en más de 30.000 euros.

En relación a esto, la fiscal Anticorrupción ha solicitado también la incorporación de informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la compra de artículos de lujo o compraventa de vehículos por parte del acusado Álvaro Pérez 'el Bigotes' y Orange Market; así como el análisis de RTVV sobre el procedimiento de adjudicación, entre otros.

De 40 años de cárcel a 2

Se da la circunstancia de García Gimeno y 'El Bigotes' son algunos de los trece acusados que han anunciado que han alcanzado un acuerdo de conformidad con Anticorrupción, que conllevaría la rebaja de la petición de pena de prisión, que pasarían a ser a menos de dos años de cárcel, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. En el caso del exdirector de RTVV la petición de pena sería algo superior y si le supondría un ingreso en la cárcel, pues inicialmente para él se pedían para él 40 años de cárcel.

Entre los acusados que han pactado con el Ministerio Público se encuentran el considerado 'cerebro' financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín y responsables del ente público, como Ricardo Javier Calatayud, Luis Sabater Balaguer y José Llorca. Aunque la fiscal durante su intervención no ha hecho mención expresa a este acuerdo, sí ha pedido al tribunal que preside el magistrado José Antonio Mora Alarcón que cambie el orden de los interrogatorios, comenzando por Blanco Balín.

Sobre esta cuestión se han quejado algunas de las defensas que no han pactado con la Fiscalía, argumentando que el artículo 382 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) regula que el acuerdo de conformidad tiene que se firmado por todos los acusados, y no por parte de ellos, para que tenga validez.

Unas de las defensas que han manifestado su oposición a este pacto ha sido la de Francisco Correa --que en esta pieza la ejercerá el despacho Durán y Durán Abogados, que lleva años defendiendo al 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo-- y la del empresario José Luis Martín Parra.

Estrategia de defensa: Las cintas de Baltasar Garzón

Las cuestiones previas de los acusados que no han conformado se han centrado en intentar anular la causa alegando vulneración de sus derechos. Al igual que han hecho en el resto de piezas de la Gürtel ya juzgadas, los abogados de Francisco Correa y el que fuera su mano derecha, Pablo Crespo, han recordado que el primer instructor del 'caso Gürtel', Baltasar Garzón, fue retirado de la carrera judicial por las escuchas ilegales a los investigados de este caso mientras se encontraban en prisión provisional.

También han argumentado que el denunciante de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, aportó más de 80 horas de grabación de las conversaciones de los 'cabecillas' de la red corrupta "editadas" y sin que éstos tuvieran conocimiento de que sus manifestaciones estaban siendo capturadas.

Incidiendo en el tema de vulneraciones de derechos, una vez más, las defensas han cargado contra los investigadores de la UDEF, y en especial contra el inspector jefe de esta investigación, Manuel Morocho, más conocido en esta causa como el "agente 81.067", de acuerdo a su número de identificación policial.

Precisamente, uno de los que ha atacado al inspector jefe ha sido la defensa de Cotino, ejercida por Juan Carlos Navarro, que ha dejado la dirección letrada de Correa en esta pieza para poderse centrar en la del expresidente de las Cortes valencianas. El abogado ha acusado de Morocho de "mala praxis policial".

El juez "durmiente"

Más allá ha ido el letrado Luis de las Heras, que defiende a Crespo, o el abogado de Martín Parra, que han hecho alusión a una posible falta de imparcialidad en el tribunal, ya que uno de los miembros del tribunal, Julio de Diego, pidió al abogado del responsable de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez 'el Bigotes', para que le defendiera en el procedimiento Contencioso-Administrativo derivado del expediente disciplinario que se abrió contra el magistrado -y que ha sido archivado- por quedarse "dormido" durante el juicio por la primera época de la trama.

Sin embargo, el abogado de 'El Bigotes', José Javier Vasallo, ha aclarado que esto no se puede tener en cuenta porque no se llegó a formalizar ninguna recusación ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. "Estamos cansados de noticias populistas que se utiliza como lanzallamas", ha afirmado.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha negado este lunes que haya "coaccionado" a los 13 acusados con los que ha alcanzado un acuerdo de conformidad para que reconozcan los amaños en la contratación de la trama Gürtel para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a cambio de que se les rebaje la petición de pena de prisión.

Así ha contestado directamente la fiscal Concepción Nicolás a la defensa del empresario José Luis Martínez Parra, que en su turno de intervención en la primera sesión del juicio que ha comenzado a celebrar la Audiencia Nacional por estos hechos, ha acusado al Ministerio Público de haber "amedrentado" a los investigados para que confesaran su participación en la contratación de pantallas y sistemas de megafonía para retransmitir el recorrido del Pontífice por el importe de más de 7 millones de euros.

Las defensas de algunos de los acusados que no han conformado se han opuesto a este cambio, llegando incluso los abogados de los líderes de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, a anunciar que estos se van a acoger a su derecho a no declarar.

Estrategias de defensa

Sobre los acuerdos de conformidad se ha manifestado también la Abogacía del Estado, cuya representante, que se ha adherido a las cuestiones previas de Anticorrupción, ha defendido que encajan en la "estrategia de defensa". Se trata de un "reconocimiento de hechos en favor de unas atenuantes", ha añadido.

Los acusados que han conformado con la Fiscalía son: el líder de la Gürtel en València, Álvaro Pérez 'el Bigotes'; el considerado 'cerebro' financiero de trama, Ramón Blanco Balín, el exdirector de RTVV Pedro García Gimeno; los responsables del ente público Ricardo Javier Calatayud, Luis Sabater Balaguer y José Llorca y siete empresarios.

La confesión y colaboración con Anticorrupción supondrá una rebaja en la petición de pena de prisión que, en en el caso de 'El Bigotes' pasará de una solicitud de 37 años de cárcel a menos de 2 años y lo mismo para el resto de los que han alcanzado el acuerdo. Con respecto a García Gimeno, para quien se pedían 40 años de prisión, su condena será algo superior y sí le supondría un ingreso en prisión, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por otro lado, la Fiscalía ha rechazado también las cuestiones previas planteadas por las defensas con las que no ha llegado a ninguna conformidad, como las de los líderes de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, que han vuelto a intentar anular la causa alegando vulneración de derechos fundamentales desde que se inició este procedimiento hace ya más de 10 años.

Así, sobre las escuchas a los entonces investigados en prisión provisional ordenadas por el que fuera el primer instructor del 'caso Gürtel', el exjuez Baltasar Garzón, ha recordado que todo lo que estaba relacionado con estas conversaciones interceptadas fueron excluidas de la causa.

El tribunal presidido por José Antonio Mora Alarcón dará a conocer hoy su decisión sobre todas estas cuestiones planteadas antes de dar inicio a los interrogatorios de los 23 acusados.