La indecisión de Bravo que retrasó el teletrabajo entre el funcionariado 10 días
La consellera de Justicia ha estado rectificándose orden tras orden hasta decidirse a aplicar la cifra que le pedían
La consellera Gabriela Bravo
El denominado Govern del Botànic contempla, entre sus premisas para modernizar la administración, la extensión del teletrabajo. Desde el planteamiento de esa intención han pasado ya prácticamente cinco años sin que en este tiempo el ejecutivo desarrollara el decreto que regula el trabajo a distancia.
No obstante, la expansión del Covid-19 ha obligado a replantear todo y a acelerar trámites enquistados, aunque sea de manera provisional y con retraso respecto a los tiempos de esta crisis sanitaria. Con el Real Decreto del estado de alarma el Gobierno pidió la extensión del teletrabajo a la población.
No obstante, la orden de Conselleria de Justicia y Administración Pública del 14 de marzo dejaba que cada departamento se organizara a su libre albedrío, de manera que en un mismo edificio había servicios con todos los trabajadores en sus puestos, otros con turnos presenciales y telemáticos y algunos únicamente con los servicios mínimos.
La situación tampoco la arregló la orden del 17 de marzo, que seguía pecando de indefinición y dejando a los empleados públicos a expensas de lo que decidieran los subsecretarios de cada Conselleria, auténticos mandamases en esta semana de descoordinación.
Hasta que este lunes 23, transcurridos 10 días desde la primera orden y con múltiples quejas y protestas de trabajadores por el riesgo a la exposición del Covid-19 y la falta de equipos de protección, la Conselleria que dirige Gabriela Bravo se ha decidido a dictar una nueva orden que matiza las anteriores y que señala literalmente que:
"Respecto a la medida cuarta de la resolución de 14 de marzo de 2020, en cuanto a las modalidades no presenciales de trabajo, estas deberán de favorecerse de forma que, con carácter general el volumen de personal que preste servicios de manera presencial en cada centro de trabajo no tendrá que superar el 10% de los efectivos". Por tanto, ya establece que ese servicio mínimo sea del 10%.
Bravo ha tenido que esperar a que se prolongue el estado de alarma y a que se disparen hasta niveles insospechados los contagios y las defunciones para darse cuenta de la necesidad de rectificar su orden inicial.