Las querellas por los contagios incontrolados afectan a Puig

Un trabajador, en la actualidad de baja laboral desde el 15 de marzo, ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a los que hace responsables de un delito de lesiones imprudentes y otro de prevaricación, tras infectarse por coronavirus en la mascletà del día 10 de marzo, la última que se celebró antes de suspenderse las Fallas de 2020, según su relato.

La demanda también afecta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a la secretaria autonómica de salud pública, Isaura Navaro, y al concejal de cultura Festiva, Carlos Galiana, por sus responsabiliades y competencias atribuidas en la ley estatal y autonómica.

El querellante mantiene que, "confiado" en sus gobernantes, decidió ir a ver una mascletà a la plaza del Ayuntamiento de Valencia y fue allí, según él, donde se contagió. El día 14 de marzo notó los primeros síntomas y acudió al Centro de Salud de la Pobla de Vallbona, donde le pautaron reposo domiciliario. Al no mejorar decidió desplazarse a urgencias en el Hospital de Lliria, quedando ingresado hasta el día 3 de abril, con el diagnóstico de infección por coronavirus.

Según la querella, la "crisis sanitaria pudo tener un menor impacto en la sociedad valenciana tomando antes las medias que al final se adoptaron cuando ya era demasiado tarde".

Esta es la primera vez que un contagiado por coronavirus se querella contra el jefe del Consell. Existe otra querella presentada por el abogado valenciano Mariano Lorente, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) contra Puig, Joan Ribó, el concejal de Fiestas, la delegada del Gobierno Gloria Calero y el subdelegado del Gobierno José Roberto González por los delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y un delito de homicidio por autorizar la manifestación del 8 de marzo, por autorizar las mascletaes y diversos actos falleros en València.

La primer acción judicial vinculada al coronavirus y responsables político fue, tal como adelantó ESdiario, la denuncia de un grupo de letrados contra Ribó por un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo al no proveer a los miembros de la policía municipal de Valencia, en todas su dependencias, de equipos de protección individual para realizar su labor. Días después el mismo grupo presentaba similar iniciativa contra la delegada del Gobierno.

Como ya está ocurriendo en otras comunidades, todo apunta a una proliferación de denuncias de particulares y colectivos para judicializar los "errores" políticos y dejaciones de las obligaciones de la administración en el tratamiento de la crisis, así como de algunas de las medidas adoptadas con urgencia.