Fracasa otra de las denuncias de Ribó y el PSOE contra los gobiernos del PP

Joan Ribó, actual alcalde de Valencia, fue uno de los firmantes de la denuncia ante la Fiscalía, en 2014, por supuestas irregularidades en la realización de los grandes premios de Fórmula 1 y el papel de la marcantil Valmor Sport SL. Además de Compromís, presentaron denuncias en similares términos el PSPV-PSOE y Esquerra Unida. Seis años más tarde, la titular del juzgado de instrucción número 2, Beatiz Sobremontes, acaba de archivar la causa, que fue la primera que inicio un proceso de investigaciones contra la gestión de los gobiernos de Alberto Fabra y Francisco Camps.

La Fiscalía ya pidió el sobreseimiento por la compra de la empresa Valmor-encargada de la organización del Gran Premio- por un euro por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana. Con esta operación, las arcas públicas asumieron una deuda de la mercantil de 20 millones de euros y lograron sacar adelante el evento deportivo.

Únicamente la abogacía de la Generalitat del tripatartito, en la persona de Jorge Herrero, ha mantenido la acusación ahora archivada. La abogacía tendrá decidir si recurre y mantiene un proceso con sus acusaciones de 'corte político', como por ejemplo el caso Aerocas, en Castellón, y V Encuentro, o centra gran parte de su trabajo en la posible escalada de reclamaciones de personal sanitario y víctimas del Covid-19.

La decisión menos gravosa

Con este archivo, quedarían abiertas dos piezas más del procedimiento de la F1: una de ellas relativa a contrataciones y la otra sobre la organización del evento -en lo relativo al aval- en la que sigue investigado el ex presidente Camps.

Anticorrupción pidió el archivo el pasado verano al considerar que la compra de Valmor por parte de la Generalitat, cuando su máximo responsable era el actual senador del PP Alberto Fabra, fue la decisión "menos perjudicial" para los valencianos debido a que, de lo contrario, no se podría haber celebrado el Gran Premio en 2012 -la mercantil estaba en concurso de acreedores- y esto supondría una penalización de más de 70 millones de euros por parte de la organización de la F1.

Al respecto, el ministerio público entendió que se buscó la solución "menos gravosa", absorver Valmor y asumir su deuda, de más de 20 millones de euros. Con ello, sostenía que no existió ánimo de malversar, sino que se adoptó la decisión menos perjudicial para las arcas públicas, dada la amenaza de sanción.

Esta es la tesis que ha acogido la jueza instructora para acordar el archivo de las actuaciones. Entiende que no parece que la solución jurídico/económica que se adoptó fuera "pura y simplemente" producto de la voluntad del funcionario o político correspondiente, ni parece "irrazonable" visto desde el punto de vista de lo concluido por el Tribunal de Cuentas, que específicamente ha analizado la cuestión en sus aspectos económicos y financieros.

"Era manifiesto que Valmor no podía continuar organizando el Gran Premio, que esta imposibilidad llevaba a unas pérdidas en millones y a un descrédito para la Comunitat, que una posible solución era la adquisición de las participaciones de Valmor de manera que se evitaba la penalización impuesta por la Formula One Administration (FOA) y se podía continuar con la celebración del evento", apunta la magistrada. Tal como concluyó el Tribunal de Cuentas, la compra de participaciones "lo que tenía era el fin de evitar unos perjuicios en diversos aspectos para la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV)".