Ribó limita la libertad de expresión a funcionarios tras defenderla sin límites

"Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin que se limiten sus libertades", afirmaba el alcalde de Valencia, Joan Ribó, hace prácticamente un año en el acto organizado por la Unió de Periodistes para celebrar el Día de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo."

Casi justo un año después, el alcalde ha salido a defender una instrucción dictada desde su equipo de gobierno por un concejala de su coalición que impide a trabajadores municipales hacer declaraciones o comentarios a periodistas.

"No va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada como ocurre con cualquier empresa de cualquier sitio", ha señalado el primer edil de Valencia para justificar la contradicción que supone defender públicamente esa libertad de expresión y, a la vez, negársela a trabajadores de su propio ayuntamiento para hablar sobre temas que conocen.

La instrucción, dictada después de publicar el diario El Mundo unas afirmaciones de un funcionario del Consistorio hablando de la situación de pobreza en Valencia, afirma que "en ningún caso se puede proceder a facilitar información o efectuar declaración alguna ante los medios de comunicación audiovisual o escritos, en representación del Ayuntamiento de Valencia o en calidad de funcionario o funcionaria municipal".

En esta segunda parte de la frase está la clave de la cuestión, ya que no es lo mismo arrogarse la representación del Ayuntamiento, que de eso se ocupan los cargos públicos, que hablar en calidad de funcionario o funcionaria municipal, pues ese puesto no tiene nada que ver con la política y forma parte de la faceta individual y profesional de cada trabajador.

Y dentro de esa vertiente personal le ampara el derecho a la libertad de expresión que, como bien señalaba el alcalde Ribó hace un año, conlleva que "cualquier persona pueda compartir información e ideas a través de un medio de comunicación sin que se limiten sus libertades".

El sindicato CSIF, desde el punto de vista de los trabajadores, ya ha mostrado su "perpejlidad" y se ha ofrecido a que "si alguna persona tiene alguna queja o reclamación y le impiden o le coartan en su derecho de expresión, que se ponga en contacto con esta central sindical para que hagamos pública su situación".

Desde el ámbito político, el Partido Popular, por medio de su portavoz, María José Catalá, ha reclamado que se retire la que ha calificado como "instrucción mordaza, que prohíbe a los trabajadores de Servicios Sociales hablar con la prensa". Y ha anunciado que va a preguntar a las comisiones de Participación y Bienestar Social "si la orden partió de la propia concejala o del alcalde de la ciudad Ribó". También si se ha cursado "la misma instrucción mordaza a los trabajadores y funcionarios del resto de concejalías".