Del derecho de manifestación a la socialización del dolor

La socialización del dolor es un terrible eufemismo que tiene su origen en un documento interno de una ETA que a principios de los años noventa del siglo pasado empezaba a constatar con perplejidad unos cambios que le avocaban a una marginalidad y una situación de sitio hasta entonces desconocidos.

Tres fueron los factores que produjeron ese nuevo contexto: la colaboración en la lucha antiterrorista de las autoridades francesas que condujo, entre otras operaciones, a la caída de la cúpula de la banda terrorista en Bidart; la persecución de proximidad que la Ertzaintza en pleno proceso de despliegue comenzó a ejercer de ahí el uso del término despectivo cipayo en la jerga de los simpatizantes de la izquierda independentista; y, posiblemente, el factor más inesperado resultó la aparición en la calle del País Vasco y Navarra de un movimiento transversal de ciudadanos que paulatinamente salieron de sus casas para mostrar rechazo por los secuestros, por las intimidaciones, por los asesinatos y se rebeló frente al plomizo miedo que asfixiaba aquella sociedad.

La kale borroka como fenómeno organizado fue la primera reacción y la segunda el asesinato de cargos electos a sangre fría que comenzó con el de Gregorio Ordoñez y se extendió en el tiempo hasta el de Isaías Carrasco todo bajo el paraguas de esa idea mezquina de atribuirse la potestad de poder disponer de las vidas de aquellos representantes democráticamente elegidos que no compartían su proyecto político. Amparado todo ello en la justificación que el dolor que producían al pueblo vasco por impedir que este alcanzara sus objetivos se debía socializar.

En el marco de las protestas de la primera legislatura de Mariano Rajoy al frente de la del ejecutivo y durante la celebración de escraches a políticos en la puerta de su domicilio, el hoy vicepresidente del Gobierno al referirse a ellos dijo textualmente: “son un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de las consecuencias”

¿Les suena? Por supuesto, se trata de una justificación basada nuevamente en la conducta vengativa de extender el dolor y hacerlo sobre los culpables: unos, los de la opresión del pueblo vasco; otros los de la crisis económica. En ambos casos sentencia dictada por quien generalmente es ajeno a sufrimiento alguno y dice representar al pueblo conteniendo en su veredicto esa necesidad del comportamiento humano, demasiado humano de señalar un chivo expiatorio.

Esa idea tan hegeliana de que la historia ocurre dos veces, la primera como gran tragedia y la segunda en forma de farsa, que Marx hizo célebre al comenzar con esa cita el 18 brumario de Luis Bonaparte, parece que se cumplía si bien la farsa en comparativa a la tragedia no dejaba de ser la justificación de conductas penalmente tipificadas en muchas ocasiones tales como la coacción, la amenaza o la intimidación. Aquellas que atacan a un bien jurídico protegido como el de la tranquilidad personal y familiar.

La tormenta perfecta de los vientos sembrados ha cubierto estos días el panorama político. Mientras el PSOE rubricaba un descabellado acuerdo con EH Bildu incompatible a todas luces con el apoyo financiero que se requiere de la Unión Europea, el domicilio de Idoia Mendia, líder de los socialistas vascos era atacado. La portavoz de Bildu en el Congreso vinculó estos hechos a “la situación extrema que está viviendo un preso”. Nada nuevo bajo el sol en esta argumentación.

En paralelo y en el marco de las protestas por la prorrogación del Estado de Alarma, frente al domicilio del actual vicepresidente del Gobierno, aquel que alentaba los escraches y los justificaba como jarabe democrático impartido por aquellos que sufren la crisis, no ha dudado en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad cortando la de circulación de la calle de su residencia y en sus declaraciones al respecto de la cuestión no ha dudado en señalar a políticos otros políticos de signo contrario como posibles objetivos de futuras acciones.

La reforma democrática lo que conocemos como la transición, representó la búsqueda de la superación de conflictos en torno a un principio informador de convivencia. La configuración del Estado como democrático, social y de derecho responde a esa voluntad de arbitrar escenarios de preservación de derechos y libertades fundamentales para la resolución de los inevitables conflictos. Fuera de esa idea de reforma quedaron aquellos que encasillados en la ruptura democrática no se integraron en el ámbito del pluralismo político en primera instancia, manteniendo una casación de la sociedad previa a cualquier escenario de resolución de conflictos tendente a convivencia.

La expresión “democratizar el Estado” tan frecuente en las fuerzas rupturistas, las de antes y las que hoy moran en las instituciones, alude a esa depuración previa al establecimiento de cualquier pacto que implemente la paz social. Supone la partición entre buenos y malos, dividiendo y rompiendo la sociedad, creando un ámbito de participación público limitado que justifica la exclusión despojando al diferente de cualquier procedimiento garantista, señalado como enemigo causante del sufrimiento colectivo. ¿Les suena?

*Abogado.