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La monarquía y la catedral de Burgos

En España y en otros países de Europa, la monarquía ha sido una garantía para progresar en el desarrollo económico y en la consolidación de las libertades personales y públicas.

La Familia Real en Palma.

Publicado por
Javier Paniagua

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Últimamente se ha instalado en España el debate sobre Monarquía y República en los partidos políticos, en los medios de comunicación y en los académicos, también en una parte de la sociedad civil, con análisis y argumentos a favor y en contra, con perspectivas teóricas diferentes. Es algo recurrente desde mediadios del siglo XXI.

En términos generales actualmente los partidos más a la izquierda como Podemos y sus derivados, los movimientos nacionalistas, y en el caso de la Comunidad Valenciana, Compromís, se han mostrado a favor de la República como mejor sistema de organización de la jefatura del Estado, aunque en el caso de los nacionalistas porque la monarquía supone la unidad del Estado.

La base argumental de unos y otros es que esta es una sistema obsoleto que no se basa en el refrendo popular, y que fue una decisión del franquismo con el que se tuvo que transaccionar para asegurar la democracia. Aunque se votara en la Constitución de 1978, nunca se produjo un referéndum sobre su oportunidad, separado de los otros artículos constitucionales. Para algunos había que aceptar elementos del Régimen anterior para poder salir del atolladero de lo que significó la Transición cuando murió Franco, y alcanzar un sistema que permitiera contemplar las libertades personales y colectivas para equipararnos a los países europeos con democracias consolidadas. Es lo que permitió que en 1986 España se incorporara a la Unión Europea como Estado soberano, con todos los derechos y deberes establecidos en la misma.

Todo ello llevó, también, a diferentes relecturas sobre lo que significó la Transición, considerada durante mucho tiempo como un modelo adecuado que permitió salir de la dictadura sin grandes costes sociales y políticos, aunque no todo fuera perfecto ni todos pensaran lo mismo como en el libro de Gregorio Moran 'El precio de la Transición (1991).

Los procuradores de las Cortes franquistas se hicieron el harakiri y votaron la Reforma política por la que se convocarían elecciones libres, con partidos políticos legalizados, en unas Cortes, que si no se llamaron Constituyentes cumplieron ese papel de elaborar y aprobar una Constitución consensuada y refrendada por una inmensa mayoría del pueblo español en 1978, como no había ocurrido antes en la trayectoria del constitucionalismo español.

La tradición de una mentalidad republicana pervive en muchos españoles, como un mito inmutable por las trapisondas cometidas desde Fernando VII a Alfonso XIII. Pero hoy día se convierte en un debate falso

Los partidos de izquierdas, como el PCE o el PSOE, aceptaron la monarquía y la bandera rojoigualda, que se reforzó después del intento de golpe de estado del 23-F, adquiriendo el Rey Juan Carlos I el papel de adalid de la Constitución, pues con su intervención desbarató el golpe o los golpes de Estado de aquel febrero de 1981, aunque posteriormente se especuló con que él sí estaba de acuerdo con la tesis de cesar a Adolfo Suárez y formar un gobierno de coalición con el PSOE incluida, pero no con las posturas de Milans del Bosch, Tejero y conspiración civil franquista. Y en esa coyuntura decidió poner al lado del constitucionalismo sin paliativos.

La visión positiva de la Transición y de que el Rey defendió la Constitución y evitó una vuelta al pasado perduró durante varios años y se instaló en el imaginario de la mayoría del pueblo español. Incluso los países del Este de Europa, incluida la URSS, y los latinoamericanos, invitaban a políticos y profesores de la época para que explicaran el “milagro español” después de los avatares de los países de la Europa del Este, cuyos regímenes de “democracias populares” desaparecieron a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, símbolo de la división del mundo después de la II Guerra Mundial.

Surgió un clima de optimismo que destacaba el fin de la guerra fría y el inicio de una nueva etapa. El ensayo de Francis Fukuyama, “El fin de la Historia” (1989), representó la defensa del paradigma de que la democracia liberal, con una economía de libre comercio y derechos adquiridos, se impondría en todos los países, y nacería una nueva era donde desparecerían las guerras mundiales y las revoluciones violentas, sin que ello significara que no aparecerían nuevos conflictos. Al mismo tiempo se producía, en el ensayo de Fukuyama, el desarrollo imparable de la ciencia, especialmente los avances en la bioquímica, que permitiría superar muchas enfermedades y nuevas técnicas de identificación.

Pero no todo iba a ser de color de rosa. La emigración de los paises subdesarrollados a los desarrollados, el terrorismo islamista, los movimientos nacionalistas, las guerras religiosas, las deudas cada vez mayor de los países, una nueva rivalidad entre las dos grandes potencias (China/Estados Unidos) al tiempo que perduraba la rivalidad de Occidente con la nueva Rusia, que padeció una segregación territorial con nuevos estados, algunos de ellos muy enfrentados, como el caso de Ucrania. También surgieron nuevos partidos, muchas veces calificados, impropiamente, de populistas, que ponían en cuestión los sistemas políticos y sociales alcanzados con el Estado de Bienestar, al tiempo que neoliberales y socialdemócratas discutían sobre cuáles eran los límites del Estado benefactor.

El problema para algunos comentaristas recaía en el PSOE que no acababa de defender claramente la Monarquía, sobre todo en el siglo XXI como un sistema que había sabido mantener el equilibrio democrático desde 1977.

En este contexto la nuevas generaciones se replantearon si la Transición española había sido tan pura y eficaz como la habían contado. Surgieron nuevos debates sobre si el sistema político salido de 1978 no era más que algo diseñado por los propios franquistas, a la vez que se produjo el deterioro de la familia real con el caso Urdangarin, la infanta Cristina y las supuestas comisiones ilegales del rey Juan Carlos I y sus aventuras extramatrimoniales,. Su imagen cayó en picado comparada con la de los años 80 y 90, y tuvo que abdicar en su hijo Felipe VI en 2014.

Todo ello fue aprovechado por los partidos que defendían la República, con la perspectiva de remover las interpretaciones de La Transición. A pesar de la Ley de Amnistía, aprobada por todos los partidos políticos, se pretendía pedir responsabilidades por diversas acciones contra los derechos humanos que algunos practicaron en el franquismo, así como la rehabilitación de los fusilados del bando republicano, enterrados en cunetas y zanjas durante la Guerra Civil (1936-39), a través de la Ley de la Memoria Histórica que concitó multitud de debates políticos y académicos.

El problema para algunos comentaristas recaía en el PSOE que no acababa de defender claramente la Monarquía, sobre todo en el siglo XXI como un sistema que había sabido mantener el equilibrio democrático desde 1977 había permitido que España fuera un país con una Constitución avanzada con una amplitud de libertades.

Un autor como Jon Juaristi, que en su juventud perteneció a la izquierda, venía a decir con una argumentación bizantina en el ABC ((9/08/2020) que el PSOE no era accidentalista en la forma de la jefatura del Estado -como habían proclamado algunos de sus dirigentes históricos: Indalecio Prieto en 1948 y Enrique Mujica-, sino posibilista, en el sentido que aceptaba la Monarquía siempre que hubiera un gobierno socialista. Juaristi olvida que durante los siglos XIX y XX los partidos monárquicos habían cuestionado también la monarquía en mayor medida que el PSOE, e incluso durante la Revolución de la Gloriosa (1869-1971) sustituyeron a los borbones por la casa real saboyana, con Amadeo I.

La tradición de una mentalidad republicana pervive en muchos españoles, como un mito inmutable por las trapisondas cometidas desde Fernando VII a Alfonso XIII. Pero hoy día se convierte en un debate falso porque en España y en otros países de Europa, la monarquía ha sido una garantía para progresar en el desarrollo económico y en la consolidación de las libertades personales y públicas. Muchos partidos republicanos tuvieron tantas o iguales divisiones que los partidos monárquicos en los siglos XIX y XX: hubo Republicanos a secas, unionistas, federalistas y cantonalistas y cuando intentaron implantarla en 1871 y especialmente en 1931-1039, y optaron con buenas intenciones por modernizar la sociedad española en un contexto de diatribas sociales, políticas y económicas irrenunciablesque terminó en otra guerra civil, más dura y cruel que las carlistas del siglo XIX. Y los borbones volvieron, como ocurre siempre, y aprendieron que sin libertades y sin Constitución la Monarquía no se sostiene. Y en eso están, como un poder compensador que hay que mantener, como conservamos con esmero la catedral de Burgos, ya que a nadie se le ocurriría destruirla, sea religioso, ateo o agnóstico.