Pedralba se harta y llevará a los tribunales a altos cargos de Agricultura
La conselleria de Mollà paraliza de nuevo la carretera para sacar el tráfico del municipio cuando ya se están dando las actas de expropiación de terrenos.
Vicente Mompó participa en el acto reivindicativo de Pedralba.
Lejos queda la fecha en la que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, admitía en una conferencia en Madrid que el alcalde de Pedralba llevaba razón en su enfado monumental por la paralización de la variante. La dirigente de Compromís anunció en un foro repleto de altos cargos, empresarios, representantes sindicales y artistas, entre ellos el cantautor Ismael Serrano, que el desvío la carretera estaba en vías de solución.
Trascurridos cuatro años, de nuevo la conselleria de Agricultura, en manos de Compromís, no sólo ha sido incapaz de desbloquear la carretera sino que acaba de paralizar in extremis el inicio de la obra cuando la Diputación de Valencia estaba entregando la actas de ocupación a los propitarios de los terrenos por donde está prevista que discurra la variante. El propio presidente de la corporación provincial, el socialista Toni Gaspar, ha trasladado su indignación por el bloqueo decidido por sus socios de Compromís.
El departamento de Mireia Mollà acaba de decicidir ahora, cuando por fin iba a entrar la maquinaria, la suspensión la Declaración de Impacto Ambiental tras admitir una alegación de una denominada asociación en defensa del paisaje pese a que los plazos ya habían concluido. El documento lleva la firma de la secretaria autonómica Paula Tuzón Marco. Hacia ella se centra de momento las iniciativas judiciales que el ayuntamiento va emprender al entender que puede existir prevaricación por parte de la alto cargo del departamento de Mireia Mollà. Otros cargos autonómica también pueden ser objeto de la demanda, incluida la consellera.
Diferente informes oficiales, incluido alguno de la conselleria, rechazan que los terrenos donde va a construirse la vía afecten a un espacio protegido o con valor medioambiental.
La actual alcaldesa de Pedrabla, la popular Sandra Turégano, y cargos socialistas de la diputación de Valencia mantienen que con la nueva paralización puede perderse cerca de medio millón de euros si no se ejecuta el proyecto y, al mismo tiempo, consideran que la conselleria ha podido cometer una ilegalidad en la decisión.
Lo que no cabe duda es otra vez los vecinos de Pedralba y los usuarios de la CV-377 –que forma parte de la red de carreteras de la corporación provincial– son los grandes perjudicados de esta resolución, ya que la seguridad sigue comprometida y el desvío del tráfico pesado por fuera de la población es inviable.
Cambio de argumentos
La resolución de la Conselleria es para el gobierno local "lesiva" para los ciudadanos que ven como se vuelve a aplazar de nuevo la infraestructura que es una reivindicación que arranca desde hace "casi dos décadas y se está eternizando".
El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, mantiene que en todo el proceso se han utilizado "diferentes excusas para demorar" la ejecución de la obra. En un primer momento "había que esperar a ver si salía adelante la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que finalmente no se ha variado" y ahora es por el recurso de una asociación contra la declaración ambiental.
Una actuación urgente
Mompó censura la "falta de coordinación entre el gobierno provincial que preside Toni Gaspar y el autonómico que encabeza Ximo Puig" como causa del retraso en la construcción.
En esta línea, Mompó ha indicado que la postura de Compromís –al que se le atribuye la promoción de la asociación que ha presentado el último recurso– es "incomprensible". Una afirmación que defiende aclarando que "forma parte de los equipos gestores de la Generalitat y la Diputación y viven de espaldas a las necesidades de los valencianos como ha quedado patente en esta cuestión".
En septiembre se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia las actas previas dentro de la declaración urgente de ocupación que permiten las expropiaciones de los terrenos que se verán afectados por la obra. El día 23 de ese mes, la secretaria autonómica acordaba suspender el proceso sin permitir recurso.