La Comunitat: el último responsable
Del “Madrid ens Roba” del independentismo catalán se da un salto cualitativo en lo que al enfrentamiento entre territorios respecto al actual “Comunidad de Madrid es culpable”
Hace ya cinco años de la llegada de Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat y digo President de la Generalitat porque es precisamente ese el perfil institucional que más ha explotado apartándose de una manera asombrosa de su condición de jefe del Consell, la de la gestión diaria. Exhibe una asombrosa capacidad para que su figura institucional se ponga de perfil difuminándose y convirtiendo a eso que llamamos el Botánic, en un parapeto perfecto.
Hablar de Botánic es hacerlo de Marzá y sus constantes varapalos judiciales, de Oltra y la controvertida gestión de las residencias de menores, e incluso de las comparecencias de la consellera Barceló sobre la que recae el foco sin que apenas eso desgaste al president a tenor de esa constatada habilidad que tiene de desaparecer de las polémicas de su Consell como si la cosa no fuera con él.
Recapitulemos en el baúl de los argumentarios perdidos. Ximo Puig aterrizó en el Palau en el verano de 2015 en un contexto de crispación política general sustentada en la denuncia de la corrupción y el despilfarro, que se asoció como el causante único de las arcas vacías que más bien sufrían entre otros las consecuencias de la falta de financiación y la consiguiente deuda.
Pronto se fue reconvirtiendo el discurso en el marco de la paz social que suele ser consustancial a los gobiernos de izquierdas. Se pasó de la oposición a la oposición de los primeros meses sobre la que descargar la inacción del gobierno a esbozar como tótem un poderoso argumento, el de la infrafinanciación autonómica, con el que tratar de aglutinar a la sociedad valenciana y, al mismo tiempo, explicar todo aquello que no se podía hacer debido a una situación coyuntural que había por cierto arrastrado y denunciado el gobierno precedente de manera incesante, situación de la que era plenamente conscientes desde la izquierda cuando concurrieron a aquellas elecciones.
Llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y se pasó de convocar manifestaciones unitarias a que las pancartas reclamando el finançament just se descolgaran de los balcones de los ayuntamientos. Y en estas vinieron las elecciones autonómicas en Madrid y al hilo de la campaña nacional de la izquierda contra los mandatarios de la Comunidad de Madrid, Ximo y sus cabezas pensantes vieron este caballo de batalla para suplir el hueco de una reivindicación, la de la financiación que ahora debía esperar.
Del “Roma ladrona de Bossi” o el “Madrid ens Roba” del independentismo catalán se da un salto cualitativo en lo que al enfrentamiento entre territorios respecto al “Comunidad de Madrid es culpable”. Si la apelación a Roma o Madrid lo era en cuanto a ser sede de los gobiernos centrales, la de la de la Comunidad de Madrid lo es a otra administración autonómica que tampoco es que esté entre las más beneficiadas por el modelo de reparto.
Y quien suscribe se pregunta ¿De qué es culpable la Comunidad de Madrid? De que vengan los madrileños a contagiarnos, de que en ejercicio de su autogobierno decidan bajar su presión fiscal o quizás del mayor de los crímenes tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Tomen distancia. Cuesta pero merece la pena el esfuerzo. Y reflexionen hasta dónde estamos dispuestos a continuar una dinámica de polarización territorial sobre la base de un relato de buenos y malos que se aleja de la más que justa reclamación de un modelo de financiación autonómica y de una deuda pública entre administraciones que ha vulnerado durante años el principio de igualdad de los vecinos de la Comunitat Valenciana.
Estos, además, padecen una presión fiscal alta en el tramo autonómico que todavía agrava más su posición económica si bien esto se debe en exclusiva a la voluntad política la de un ejecutivo cuya cabeza, tal y como recoge el Estatut, recae en un president de la Generalitat, Ximo Puig, que, pese a que en ocasiones no lo parezca, es el máximo responsable de las competencias de su aplicación y consecuencias en materia de educación, sanidad, bienestar social, agricultura y medio ambiente, entre otras tantas.
José Morgan García.