La LOMLOE: otra ley orgánica de educación, otros errores
Sin negociación o quitando el castellano como lengua vehicular el proyecto "siembra muchas dudas y que no parece que vaya a tener mucha más aceptación que las normas que la han precedido"
La ministra de Educación, Isabel Celaá
Estamos a las puertas de una nueva ley orgánica de educación, que se bautizará con el nombre de LOMLOE. Una ley, o mejor dicho un proyecto de ley, que ha carecido de negociación con los sindicatos del sector, que actuamos como representantes de los docentes.
Los sindicatos han podido presentar enmiendas a través de los partidos políticos, pero ese no es el camino correcto. Lo normal sería que esta negociación entre los sindicatos del sector docente y el Ministerio estuviese enmarcada en el contexto de la Mesa Sectorial de Educación.
Todavía más preocupante es que la búsqueda de apoyos parlamentarios para la aprobación de otras cuestiones, que nada tienen que ver con la educación, haya hecho al Ministerio aceptar enmiendas que se alejan del tema pedagógico que es el que tendría que primar en la redacción de esta norma. Estas cesiones y la falta de negociación con los sindicatos del ramo pueden derivar en una ley politizada.
En este sentido la enmienda impulsada por ERC, con la cual se pretende la eliminación de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza, preocupa y mucho en las comunidades con lengua propia.
La legislación vigente en estos momentos dice que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en sus respectivas Comunidades Autónomas.
A partir de ahora y con la eliminación de este articulado veremos cómo se reparten los porcentajes de enseñanza en cada lengua, recordemos que actualmente en la Comunidad Valenciana y en base a la Ley 4/2018 de la Generalitat por la que se promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, debe haber básicamente un mínimo de carga lectiva con un 25% en castellano, 25% en valenciano y entre un 15% y un 25 % en inglés y el resto repartido según se decida en el proyecto lingüístico de cada centro.
Inspección educativa
Por otro lado, desde CSIF apostamos siempre por una inspección educativa independiente a la que se acceda, como no puede ser de otra forma, por oposición y no dejando el acceso a este cuerpo al criterio de cada administración educativa.
Sería una noticia lamentable para la comunidad educativa que se eliminasen las citadas pruebas y, ante las informaciones que apuntaban en esa dirección, CSIF ha insistido más que nunca en el acceso a la inspección educativa a través de un proceso selectivo con unos criterios objetivos. En relación a nuestra fundamentada preocupación, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, nos ha asegurado que no se va a eliminar la prueba para el acceso a la inspección educativa en la reforma de la ley educativa, también conocida por ley Celaá. Estaremos vigilantes.
Tampoco es sensato volver a repetir errores del pasado, por eso incluir aspectos similares a la LOGSE en cuestiones relativas a promoción y titulación no parece lo más acertado. Si algo no ha dado resultado en el pasado, repetirlo nos condena de nuevo al fracaso.
En definitiva, estamos ante el embrión de una futura ley educativa que siembra muchas dudas y que no parece que vaya a tener mucha más aceptación que las normas que la han precedido. La LOMCE tiene aspectos muy mejorables y CSIF ha mostrado su oposición a ella hasta en el congreso de los diputados, pero tapar un error con otro error no es la mejor solución, ya que como decía Ralph Nader, nuestro mejor maestro es la última equivocación que tuvimos.
*Delegado de Educación del sindicato CSIF.