Mientras, ellos seguían gobernándonos

En un tiempo en que la unión debería hacer la fuerza, en que erradicar lo que está suponiendo una de las mayores lacras de nuestra sociedad moderna, plural y democrática debería ser uno de los principales objetivos, el de todos y todas, el consenso es más difícil que nunca.

La lucha contra el coronavirus, un 3 de diciembre de 2020, debería contar con la voluntad de todo el espectro político pero la unión para su erradicación denotará justo lo contrario: desunión.

Mientras la ciudadanía está preocupada por saber si está o no contagiada por coronavirus, si algún cercano contrae la covid-19, el Gobierno lleva casi 9 meses imponiendo su agenda ideológica que tiene cada vez menos justificación excepcional.

Así pues, han proyectado una subida de impuestos para las rentas altas y han tratado de vender una subida al diésel -se sabe que sólo las rentas altas lo consumen-, han mantenido el IVA de las mascarillas en el 21% hasta que ha sido socialmente insostenible y han terminando rebajando sólo el IVA a las mascarillas quirúrgicas -¡no se proteja usted demasiado con una FFP2!-. Las bebidas azucaradas también contarán con una subida del 11% del IVA -del 10% al 21%-, porque son, del todo, unas bebidas que sólo consumen las personas con rentas altas.

Mientras se destruían 100.000 empresas, el Gobierno aprovechaba para dar el control del CNI a Pablo Iglesias, ha tratado de controlar el CGPJ -ataque constitucional que paralizaron tras el toque de atención de la Unión Europea-, o han aumentado el gasto en asesores hasta los 60 millones de euros al año, cifra inédita en democracia, con más de 1200 personas colocadas a dedo.

Mientras se trataba de cobrar a los autónomos todas las cuotas a pesar de la inactividad y la increíble reducción de ingresos que han provocado la pandemia y el confinamiento, el Gobierno se ha aprobado una subida del sueldo un 2% y ha añadido un 0,9% en calidad de más alto nivel de la Administración central, así como los gobiernos regionales. Todos ellos, casualmente, del Partido Socialista Obrero Español. Lo peor es que el cobro de cuotas desproporcionadas con la situación actual -con subidas incluidas- no cesa.

Mientras la ciudadanía española estaba preocupada por si algún familiar ha de entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la covid-19, el Gobierno aprobaba una cesión histórica en materia de defensa al Partido Nacionalista Vasco, de la mano de EH Bildu -recordemos que siguen sin condenar la violencia de ETA- para cambiar la titularidad de la sede del Ejército en la capital guipuzcoana.

Es más, mientras miles de autónomos estaban preocupados por si podrían levantar la persiana de su negocio al día siguiente, el Gobierno aprobaba la Ley Celaá, exenta de consenso social, refrendada por un solo voto en el Congreso, para criminalizar la educación concertada, proyectar la eliminación la educación especial y anticipar la eliminación del castellano como lengua vehicular en todo el estado español.

Mientras 600.000 españoles engrosaban las listas del paro y casi 4 millones se acogían a ERTE para no hacer desaparecer esos empleos -ahora son menos del millón-, el Gobierno se desentiende del caos migratorio que sufren las Islas Canarias, con inmigrantes hospedados en hoteles costeados por el Gobierno, donde se alojó Ábalos con su familia y asesores durante su visita al archipiélago.

En definitiva, el Gobierno reclama unanimidad, apoyos, consenso y voluntad de negociación cuando ellos aplican la unilateralidad y pisotean cualquier intento de pacto, ridiculizando a Ciudadanos con cada movimiento -¿hasta cuándo, Inés?- y denigrando al Partido Popular con cada comparecencia pública de la portavoz parlamentaria del principal partido del Gobierno.

Que la unilateralidad gubernamental no empañe la concienciación social para la erradicación de la pandemia.

Queremos salir. Vivos y unidos.

*Politólogo.