El PP anuncia una querella contra el hermano de Puig y el PSPV niega tramas

Eva Ortiz, La portavoz adjunta del PP en Les Corts, ha anunciado que su partido se ha dirigido a la Fiscalía de la Comunitat y la de Castellón para saber si han iniciado alguna investigación sobre las ayudas otorgadas a productoras vinculadas a Francis Puig, el hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig. Si es así, la portavoz popular ha anticipado que presentará una querella en el ámbito penal contra él y sus socios.

En rueda de prensa, Ortiz ha advertido que "Puig no puede seguir escondiéndose" y que "el PP va a llegar hasta el final" tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía a una productora de su hermano y otras empresas vinculadas por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en À Punt. La radiotelevisión pública valenciana fue quien puso en conocimiento esta situación al detectarla.

Ortiz ha avanzado que los servicios jurídicos del PP están en conversaciones con Fiscalía porque "hay un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón que da lugar a una serie de registros e intervenciones de WhatsApp" relacionados con la sanción de Competencia, aunque "también hay una parte reservada dentro del expediente, enviada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Tributaria".

El PP trata de saber si la Fiscalía de la Comunitat Valenciana lo ha remitido a la de Castellón y si esta ha emprendido alguna investigación. "Si hay causa abierta de la parte reservada, el PPCV se personará en la causa, y si no la hay, iniciará acciones judiciales porque entendemos que hay posible tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación", asegura la portavoz popular.

"Estamos asistiendo a una situación que llevamos denunciando desde 2016: son un cártel creado para conseguir subvenciones de toda índole y sin justificaciones claras", ha insistido Ortiz, para recordar que Francis Puig está imputado y avanzar que el PP va a pedir este mismo lunes la paralización del contrato de À Punt del lote de corresponsalías en las que "están implicadas las empresas del hermano del president y sus socios".

Es más, ha hecho hincapié en que no hay "ninguna garantía" de que este concurso sea "limpio" y ha denunciado que "estas empresas, con toda la picaresca, han cambiado el nombre para presentarse (a la adjudicación) como Televisión Castellón".

La réplica del PSPV

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha replicado que "la honestidad del president de la Generalitat está por encima de cualquier duda" y que "no existe ninguna trama", ante las críticas del PP por las ayudas otorgadas a empresas vinculadas a su hermano, Francis Puig.

"Esta denuncia marrullera y falsa en muchos aspectos acabará en el cesto de los papeles", ha asegurado. Mata, tras remarcar que "Ortiz tiene toda la libertad del mundo", ha hecho hincapié en que él es "amigo, defensor y respetuosísimo con el president de la Generalitat", tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía a una productora de su hermano y empresas vinculadas por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación de corresponsalías en À Punt.

El PP, a su juicio, miente al hablar de tramas porque "no hay nada que indique el uso de información confidencial, y ha quedado demostrado que los mecanismos de control de la administración ahora funcionan, a diferencia de cuando el Partido Popular los utilizaba para sus intereses particulares".

Incluso el también vicesecretario del PSPV ha asegurado que toda la información sobre los pliegos de adjudicación era pública y "de hecho, fue publicada por algunos medios de comunicación ya en enero, cuando el asunto se debatió en el consejo de la televisión pública valenciana".

Sí ha destacado que hubo empresas que intentaron pactar precios y que fue algo "sancionado por la propia Generalitat", además de puntualizar que es algo que no le extrañaría que pasara "si se examinaran todas las empresas de todas las comarcas".

"Ortiz puede emprender las acciones que considere pertinentes, pero no irán a ninguna parte porque no hay trama alguna, ni ha existido ninguna adjudicación, y nadie obtuvo beneficio de la contratación que terminó costando a À Punt un 25% más tras apartar a las empresas sancionadas", afirma.

Compromís evita el tema y Ciudadanos ahonda en él

Mientras, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, se ha salido por la tangente para evitar meterse en el meollo de la cuestión. Se ha limitado a afirmar sobre las ayudas al valenciano que esta es "una lengua de unión, diversidad y que aporta un factor cultural a los valencianos y ayuda a ver el mundo de una óptica más nuestra". "Y aquellos que no la valoran o la consideran una mierda, no tienen respeto", ha zanjado.

Y de la oposición, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha calificado de "gravísimo fallo de transparencia que el hermano de un presidente haga comentarios que significan que conocía las características de una adjudicación antes de que fueran publicadas".

Ha exigido que se investigue si tenía una situación privilegiada porque sería algo "absolutamente condenable" y ha rechazado "algunos de los chascarrillos con los que hablaban en los chats como contratar a un guineano para cantar en valenciano y trincar una subvención".