La Comunitat: de Francis Puig y el desconfinamiento mental

A finales del verano, cuando la incidencia subió en Madrid y se decidió adoptar cierres perimetrales, la consigna del PSPV seguida por sus socios del Botànic era la de sacar pecho sobre la gestión sanitaria haciendo ver que la situación que se vivía en Madrid, a cuenta sobre todo de la tensión entre los ejecutivos central y autonómico, era fruto del descontrol frente al saber hacer de un Consell, asentada en la idea de que se tenían menos ratios en cuanto a número de infectados.

Lo cierto, y basta con visitar municipios para constatarlo, es que los números oficiales bailan, y los únicos números que conocemos de manera certera son los de pruebas, tanto PCR como de antígenos, a la población, y la Comunitat Valenciana aparece en el pelotón de cola de los territorios en cuanto al número de estas.

Si la estrategia era pocas pruebas, para entendernos únicamente las derivadas de un brote o de la existencia de síntomas, y eso sin seguimiento del origen de las infecciones y de los confinamientos protocolarios, tampoco podemos afirmar que esta fórmula haya funcionado en la medida en que el nivel de comunicación y coordinación de la administración autonómica y las administraciones locales -pregunten a cualquier alcalde (si es de izquierdas off the record)- ha tenido un resultado deficitario. Recuerden lo que tardaron en compartir la información sobre los datos por localidad o los problemas de absoluta falta de previsión e información que han tenido que padecer los municipios con cierre perimetral.

Entre tanto dos iceberg asoman su punta, uno es el de la corrupción y el nepotismo que encarna el caso Francis Puig frente al que la izquierda, moralista en tiempos de oposición, no puede más que mirar para otro lado.

Mientras, asoman otros asuntos presuntamente tales como las contrataciones amparadas en la urgencia en todo este periodo cuyo rastro sospechoso emparenta con la constante colocación de más personal de confianza que pudiera ser plenamente justificable, si bien lo que llamamos el botànic, que no es otra cosa que la vieja izquierda desideologizada y aferrada a prejuicios culturales, se hartó de utilizar como bandera crítica de cada nombramiento incluso hasta cuando en el gobierno de Alberto Fabra se eliminaban ese tipo de cargos.

El segundo de los iceberg anunciados tiene más que ver, según me explico hace días un buen amigo que sabe bastante de táctica electoral, con otra cosa. La bronca twittera como expresión culminante de las desavenencias entre los socios del gobierno representa el distanciamiento tenso que desde el palau se está perpetrando entre el PSPV y Compromís. No descubriré a muchos lectores nada si les digo que el último de los rumores que circula en el entorno del president Puig es el del adelanto electoral al otoño de 2022 calculando una mejora económica aparejada al fin de la pandemia. Una bajada de Compromís será suficiente en ese momento como para seguir sumando una mayoría de 50 diputados, pero con una preminencia numérica de parlamentarios socialistas.

Y mientras tanto, el la Comunitat real, la de la calle, la del día a día, las UCIS se empiezan a llenar, la ola que va por días y por barrios llega igual que llegó aquel repunte a Madrid en septiembre. Entre tanto el presidente Puig, ejerciendo de estadista territorial, apela a un desconfinamiento mental y una reforma constitucional para entender las Españas, un término que nos evoca con viento morellano al general Cabrera, mientras que en materia de autogobierno olvida en su discurso que Les Corts impulsaron una proposición, genuinamente valenciana, sustentada por más de 500 ayuntamientos y las tres Diputaciones que procura la reintegración del derecho civil foral de la que él y su ejecutivo se desentienden permanentemente.