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Despido improcedente de trabajadora de la EMT pone a Grezzi contra las cuerdas

La sentencia obliga a la EMT a readmitirla o a pagarle 199.000 euros. Catalá pide la dimisión del concejal y denuncia que la trabajadora fue "cabeza de turco".

Grezzi y Ribó

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E. M.

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La EMT de Valencia que dirige el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, vuelve al centro de la polémica por enésima vez tras conocerse la sentencia que considera "improcedente" el despido de la trabajadora tras el robo de los 4 millones de euros. En concreto, la sentencia obliga a readmitir a la trabajadora en la empresa pública o a pagarle 199.000 euros. Y, sobre todo, deja en entredicho las versiones de Grezzi y Joan Ribó que señalaron a la trabajadora como única culpable y responsable de la estafa que sufrió la EMT y que dos años después sigue sin recuperarse el dinero.

La portavoz del PP de Valencia, María José Catalá, ha pedido la dimisión de Grezzi por la falta diligencia para gestionar el dinero público. “Ribó no puede seguir tapando esta nefasta gestión y tiene que destituir a Grezzi de sus responsabilidades en el Ayuntamiento”, ha asegurado.

Asimismo, denuncia que “el alcalde Ribó y su concejal de Movilidad, con el silencio cómplice de sus socios del PSPV, utilizaron a la trabajadora despedida como cabeza de turco de la estafa para no asumir ni una sola responsabilidad política. Ahora, este castillo de naipes que montaron para eludir la responsabilidad política se les desmorona”.

Además, Catalá ha solicitado que se convoque un consejo de administración urgente antes de que pasen los cinco días para recurrir para valorar la sentencia, a la vez que considera inadecuado el recurso “porque el fallo judicial es muy claro y el recurso podría acabar por generar nuevos costes judiciales”.

Para la líder del PP en Valencia "ha sido un año horrible para la EMT", en el que ha relatado "han tenido que tapar el agujero económico del robo de 4 millones, han pagado por extinguir la relación de asesoramiento jurídico con un bufete vinculado al cuñado de Ribó, han tenido que recurrir a un préstamo para pagar las nóminas de los trabajadores con el aval del Ayuntamiento y en el que se le han incendiado 20 autobuses, a lo que ahora se suma los casi 200.000 € de indemnización por el despido improcedente”.

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