La comisión interdepartamental que decide las restricciones: "¿Así de triste?"

El president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV-PSOE); la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís); el vicepresidente segundo, Rubén Martínez (Unides Podem); la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló (PSPV-PSOE); la consellera de Justicia, Interior y Administración Públicas, Gabriela Bravo (PSPV-PSOE); el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís); el conseller de Transporte, Arcadi España (PSPV-PSOE) y el conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís).A ello se les suman la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro (Compromís); el secretario autonómico de Promoción Institucional, Alfred Boix (PSPV-PSOE); y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer (PSPV-PSOE).

Se trata de la relación de políticos que conforman la denominada Comisión Interdepartamental para la Prevención y Actualización frente a la Covid-19. La mayoría ha estudiado Derecho y su trayectoria laboral no política ha tenido que ver con la Abogacía, como resulta el caso de la propia consellera Ana Barceló, y de su secretaria autonómica de Salud Pública, Navarro, aunque también la integran docentes como Marzà, Climent o Dalmau. Incluso economistas, como Arcadi España; o filósofos, como Francesc Colomer.

Ninguno de estos cargos cuenta con titulaciones específicas relacionadas con sanidad. Tampoco, hasta donde sus currícula públicos dejan entrever, en materias del grado de Sociología, de manera que puedan entender las motivaciones sociales y adoptar medidas efectivas, que con persuasión y compromiso, induzcan a la población a quedarse en casa.

"¿Así de triste es?", me preguntaba mi peluquero esta semana cuando le comentaba el elenco de políticos, que no técnicos, que conforma esta comisión y que decide cada 15 días las restricciones a adoptar en la Comunidad Valenciana.

"¿Qué argumentos sostienen en sus reuniones? ¿De qué hablan realmente? ¿En qué se basan para decidir tal o cual medida que afecta a la vida de los cinco millones de valencianos sobre los que gobiernan?". Podemos tratar de imaginar el nivel del debate y los motivos de peso que fluyen en esas citas.

"Yo, sinceramente, no entiendo por qué han incluido las peluquerías entre los servicios esenciales que no tienen que cerrar a las 18 horas. Y eso que me beneficia", añadía mi peluquero. En efecto, su ámbito, como las farmacias, los locales de alimentación o de ortopedia, no se ve obligado a cerrar a esa hora. ¿Por qué?

No recibimos explicación. Ni a la salida de las reuniones ni en las posteriores notas y decretos. Simplemente se da cuenta de las conclusiones. No sabemos por qué el 5 de enero determinaron que los establecimientos hosteleros cerraran a las 17 horas ni por qué el pasado 19 aprobaron impedirles abrir a cualquier hora salvo para servir comida a domicilio.

"¿Disponen de algún argumento de tanto peso para haber adoptado esa decisión que puede llevar a la ruina y al paro a decenas de miles de familias?". Lo desconocemos. No lo explican. Insisto, únicamente dan cuenta de medidas adoptadas en un sanedrín político integrado por personas que no son expertas ni en Salud Pública (aunque ahora ocupe un cargo que luzca esas dos palabras) ni en Sociología o Psicología Humana. Que no cuentan con un bagaje intelectual ni trayectoria laboral que dé una pátina mínima de credibilidad a lo que deciden.

Sí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, muestra fotos, de cuando en cuando, de reuniones telemáticas con especialistas en diferentes materias a quienes, teóricamente, escucha. No obstante, esos expertos, ya acreditados, ni participan ni tan siquiera asesoran en la comisión interdepartamental.

"A mi me convencen las palabras y los hechos cuando pasan por el crisol de la experiencia", afirmaba Antonio Cánovas del Castillo, uno de los presidentes que guiaron a España en las últimas décadas del siglo XIX. De esa comisión interpartamental emana muy poca sensación de experiencia que garantice, o permita intuir, un acierto en las medidas que están decidiendo. No basta decir que lo primero es la salud. Esa manida frase nos la repiten nuestros progenitores desde nuestra infancia. Suena pueril. Merecemos algo más.

¿Servirá para algo tanto sacrificio producido por las decisiones adoptadas por ese grupo de políticos? ¿Tienen alguna prueba empírica para considerar que reducirá el nivel de contagios? Me quedo con las disculpas que, de antemano, pedía el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, el pasado jueves, por tantas restricciones y el daño que generan a la población.

No forma parte de ese comité, pero supo empatizar, como hasta ahora no lo ha hecho ni el propio Puig en cada anuncio de recortes a la libertad de movimientos y a la economía, con los millones de valencianos que esperan, cada 15 días, una nueva sentencia de ese tribunal político.