Denuncia: Podemos entrega 91 viviendas públicas a okupas en la Comunitat

Si está en lista de espera de un vivienda pública en la Comunitat Valenciana, que sepa que tendrá que seguir esperando porque delante de usted la Generalitat ha colado a 91 okupas. En efecto, la vicepresidencia de Vivienda que dirige Podemos con Rubén Martínez Dalmau ha decidido legalizar 91 viviendas ocupadas saltándose la lista de espera. Y además presume de su gran hazaña en las redes y comunicaciones oficiales.El diputado del PP, Alfredo Castelló, ha denunciado que hay 15.000 familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat, y unas 10.000 en la lista de espera. Es decir hay unas 25.000 familias esperando que les llegue el turno de acceder a una vivienda del parque público, mientras que Dalmau se salta ambas, vulnera sus derechos y lo que hace es regularizar, en este caso, a más de 90 familias de okupas.

"La ley de la función social de la vivienda de 2017 se suponía que consagraba un derecho subjetivo a tener una vivienda y que la Generalitat debía de satisfacerlo, pero ya vemos que ni a los que están en lista de espera o inscritos en el registro de vivienda se les respeta su turno, sino que se les cuelan familias que han ocupado ilegalmente", asegura.

Para el diputado popular, "esto genera un efecto llamada porque si te dedicas a regularizar a las familias que realizan una ocupación ilegal, les estás lanzando un mensaje de que la ocupación a medio plazo te garantiza una vivienda pública, mientras que si estás inscrito en el registro o en lista de espera, ese turno no te llega jamás".

"Entendemos que hay que ver caso por caso y ofrecer soluciones habitacionales a las familias que han ocupado una vivienda, que tienen hijos y se encuentran en situación de pobreza o de vulnerabilidad. Que se le dieran soluciones habitacionales coyunturales, pero no que se les “legalice” en la misma vivienda que han ocupado ilegalmente", explica Castelló.

Además, el diputado del PP recuerda que "para regularizar a más okupas contrató a una empresa privada para que llevara esa tarea en la provincia de Alicante. Es decir privatizó la regularización de okupas en viviendas públicas", surrealismo que una empresa privada se contrate para legalizar okupas.