Demoliciones de Agrónomos: Matar pulgas a cañonazos

"Matar pulgas a cañonazos". Tomamos prestadas estas palabras de las primeras declaraciones de alguno de los expertos consultados por ESdiario al conocerse la Declaración de Interés General para la Ampliación del Hospital Clínico de Valencia de la presidencia de la Generalitat Valenciana del pasado 5 de febrero, tal vez una manera definitiva y contundente de zanjar la polémica por el derribo de los pabellones de prácticas y laboratorios de la antigua Escuela de Agrónomos y Agrícolas, obra del reconocido arquitecto Moreno Barberá.La misma preocupación es la que probablemente ha llevado a María José Catalá, en su condición de diputada de les Corts además de jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Ribó, a presentar una extensa pregunta parlamentaria, complementaria a la ya planteada a la Delegación de Desarrollo Urbano cuya presidencia ostenta la vicealcaldesa Sandra Gómez, que entre otras muchas cosas

incluye conocer “las consecuencias concretas que se derivan de la Declaración de Interés General …”

El Consell Valencià de Cultura sigue sin emitir su informe sobre la destrucción de la antigua facultat

Y una formulación en clave claramente política que reza literalmente: “¿Es conocedor y consciente el Consell del descontento de académicos, colegios oficiales, asociaciones privadas de arquitectos, colectivos para la defensa y difusión del patrimonio cultural valenciano y expertos en esta área por los recientes derribos … ?También los populares han registrado en el Consell Valencià de Cultura -al que aluden indirectamente en la pregunta- y no teniendo todavía respuesta a la solicitud de informe cursada en diciembre, una ampliación de su solicitud motivada, fundamentalmente, por la presentación del famoso Plan Especial de Protección (PEP por sus siglas) de la Avenida de Blasco Ibáñez.

A propósito del varapalo judicial al PATIVEL, publicamos ayer su coincidencia con la Jornada sobre la Ley (nacional) de Arquitectura y el entorno construido, en la que participó on line el flamante director general de Arquitectura Iñaki Carnicero e inauguraron el vicepresidente Martínez Dalmau y el alcalde Joan Ribó. Estuvo elegante el Decano de los arquitectos Luis Sendra, que no ha ocultado su enfado por los derribos, no mentando la bicha. Pese a que uno de los objetivos de la ley en proyecto es, precisamente, la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio. Y el reciclaje. Y así quedó de manifiesto en buena parte de las intervenciones.

Más llamativo resultó que Sandra Gómez, quien junto al Decano ocupó la mesa de clausura, en una elaborada y cuidadosa intervención, hiciera especial mención a la conservación y protección del patrimonio arquitectónico sin escapársele un suspiro. O sin cortarse un pelo, en modo coloquial.

Mientras tanto, el proceso destructivo está prácticamente culminado, apenas resta la fachada trasera (norte) del edificio principal, que aun siendo parte constituyente de este (el marcado, sin discusión, por un asterisco como seña de protección patrimonial en el Plan General) parece abocado a desaparecer también.

La nueva documentación sobre Agrónomos alimenta más aún las dudas sobre la legalidad de la demolición

Surgen, incluso entre los expertos, dudas razonables sobre el alcance a efectos urbanísticos y patrimoniales de la Declaración de Interés General, pero no sobre su inaplicabilidad retroactiva. Se conocen nuevos datos como el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la UPV para la posterior cesión en compra-venta a la Consellería de Sanidad, que establece cautelas sobre su valor patrimonial, que llegan hasta contemplar su nulidad si así no ocurriera. O el reconocimiento del valor patrimonial que la Memoria del Proyecto de Ampliación del Clínico redactado por Clínico Consultas Externas UTE, evidencia en buena parte de su exposición. Y la solicitud de licencias de obras parciales continuadas, que es práctica no admitida en el procedimiento reglado a tal efecto.Un embrollo, menor -nos dice algún experto consultado- pero indicador de la grave falta de sensibilidad de Generalitat y Ayuntamiento por el patrimonio arquitectónico moderno, sentencia.