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Protesta contra la imposición del valenciano para trabajar en la Administración

El sindicato CSIF ha denunciado la falta de negociación y la aprobación de una ley "desfasada" que no incluye el teletrabajo y que no valora la experiencia de los profesionales

Protesta contra la imposición del valenciano para trabajar en la Administración

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CSIF, sindicato mayoritario en la Función Pública, ha realizado una concentración ante el parlamento valenciano para oponerse a la nueva ley que está tramitando el Botánic para regular el funcionamiento de la Administración y que establece, entre otras medidas, la imposición del requisito lingüístico. De esta forma, quien no acredite un conocimiento del valenciano que variará según la categoría profesional, no podrá trabajar en la Administración de la Comunidad Valenciana.

En la protesta, el sindicato se ha opuesto a “una ley que nace sin consenso y pisotea los derechos de los empleados públicos de la Generalitat”. Por ejemplo, ha denunciado que no aborda el teletrabajo o que prima la contratación de cargos a dedo.

CSIF ha leído un manifiesto, durante la protesta, en el que expresa su oposición a una ley “que restringe el acceso a la función pública al exigir la acreditación de conocimientos de valenciano como requisito para ser empleado público”. El sindicato defiende que sea un mérito y destaca que este proyecto de ley “vulnera el derecho a la libertad en el uso de las lenguas cooficiales de la Comunitat ya que, de facto, supone la imposición del valenciano”.

La central sindical, según ha indicado en un comunicado, ha trasladado su malestar por una ley que “perpetúa la libre designación” en lugar de recurrir al concurso para cubrir jefaturas. En esta línea, alerta de la “privatización de la administración pública mediante el llamado personal directivo público profesional, que, en la práctica, limita el acceso a los puestos más altos de la Administración a los funcionarios públicos”.

CSIF avisa que esta ley “nace desfasada y olvida el teletrabajo como una forma más de prestación de servicios de manera no presencial”. El sindicato lamenta igualmente que esta nueva legislación “desprecia la experiencia de su personal y exige aprobar un ejercicio de examen para poder formar parte de las bolsas de empleo temporal”. Del mismo modo, “reduce la reserva de plazas para promoción interna”.

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