La ex directora de La Fe culpa a una trabajadora por un delito de prevaricación

La actual subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana, ha apuntado en sede judicial a una compañera como la responsable de una resolución que habría perjudicado a la empresa Ribera Salud. Almiñana, ex senadora por el PSC y recolacada primero con directora en La Fe (nombramiento que fue irregular) y desde el pasado 4 de sepiembre como subsecretaria de la consellera Ana Barceló, está imputada al haber cometido supuestamente un delito de prevaricación administrativa.Almiñana, según fuentes del caso, trata de salvarse de la causa y para ello no ha dudado en ofrecer el nombre de Carolina Conesa Solaz, subdirectora de Aprovechamiento y Contratación, como artífice de la resolución para ampliar el plazo en la presentación de ofertas en un concurso de servicios informáticos del Hospital de La Ribera dos días después de haber vencido el plazo inicial. E incluso se volvió a ampliar el plazo varios días después, esta vez sin publicar ninguna resolución.

Ribera Salud y Alfatec presentaron sendos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -órgano adscrito al Ministerio de Hacienda- contra las ampliaciones de plazo. En su querella, Ribera Salud expone que "la querellada (Mónica Almiñana) ha dictado una resolución ampliando el plazo para presentar ofertas por parte de los interesados en una licitación pública, dos días después de haber vencido dicho plazo".Según el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, "en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido".

Silencio de la conselleria

Para Ribera Salud, "esta actuación, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, que no permite ampliar un plazo ya vencido, supone una clara conculcación de los más básicos principios que deben regir en materia de contratación pública".Uno de estos principios es "el de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores que concurren en el procedimiento, contraviniendo de manera injustificada los derechos de los licitadores en detrimento de los beneficios de otros".El pasado 7 de septiembre se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del contrato convocado por la Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Conselleria de Sanidad.Conforme al anuncio de licitación, la fecha límite establecida para la presentación de las ofertas era el 6 de octubre de 2020 a las 15 horas. Sin embargo, Ribera Salud denunció que "de manera sorprendente y absolutamente injustificada, en fecha 8 de octubre de 2020, una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la Resolución de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanidad de la misma fecha por la que se resolvía conceder un nuevo plazo para la presentación de las ofertas".

Persona de confianza de Illa

Y días después se volvió a ampliar sin ninguna explicación por parte de la Conselleria, aseguró el grupo hospitalario. Según la empresa querellante, la actuación de Almiñana "reúne todos los requisitos de la figura de la prevaricación administrativa: una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal".La conselleria de Sanidad mantiene por el momento silencio sobre este asunto que afecta a la ex senadora por los socialistas catalanes y persona vinculada al ex ministro Salvador Illa.