La mitad de las quejas al defensor del pueblo valenciano son contra Oltra
Luna destaca que "la Administración ha fallado a muchos ciudadanos cuando más lo necesitaban". Y reprocha que quienes más se benefician no son quienes más lo necesitan
La conselleria que preside Mónica Oltra es la que más quejas recibe
La memoria de la Sindicatura de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, de 2020 resulta demoledora. Entre sus conclusiones destaca una frase lapidaria: la pandemia ha puesto en evidencia "las gravísimas carencias" que tienen las administraciones públicas para ser "eficaces" y el resultado es que "han fallado a muchos ciudadanos cuando más lo necesitaban, dejándolos a la intemperie", y "en desamparo". Ante esta situación, el síndic de Greuges, Ángel Luna, ha urgido a "su modernización desde la base hasta la cúpula" para que puedan "llegar a la gente".
Luna ha entregado a Les Corts la memoria de la institución, que recoge que se han tramitado 4.065 nuevas quejas, 30 de oficio y 16.052 consultas ciudadanas, frente a las 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadanía del ejercicio anterior. De esas 4.065 quejas, más de la mitad, 2.050 han sido interpuestas contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra.
Le sigue, con 1.300, la Conselleria de Educación, que preside Vicent Marzà, compañero de formación de de Oltra.
Luna ha explicado que en la memoria se observa que pese "al esfuerzo de muchos trabajadores públicos" la pandemia ha sacado "las gravísimas carencias" de las administraciones para resolver los problemas por sus maneras de trabajar "obsoletas" y unos "procedimientos excesivamente farragosos, complicados y largos" cargados de requisitos que deben "sortear" los propios ciudadanos o "simplemente para poder contactar con su centro de salud por teléfono, lo que les ha generado una situación de desamparo mientras se ha aumentado al colapso de los servicios sociales".
El foco del problema, según Luna, se centra en el "desconocimiento de la administración de sus propios medios", lo que ha llevado "al colapso de los medios telemáticos para solicitar las ayudas que arbitraban" o "actuaciones laberínticas que siguen sin tener sentido hoy en día" como pedir ayudas a la vivienda.
El resultado es que la brecha tecnológica "se ha dejado sentir aún más en perjuicio de los más débiles y especialmente de los mayores", de forma que las ayudas "muchas veces no llegan a quienes las necesitan sino al que sabe moverse, que no son precisamente los más desfavorecidos".
Así, la pandemia ha acelerado "un proceso de deterioro de la administración pública española en general, no solamente la de la valenciana". Un ejemplo, ha citado, es la larga cola que observó en el Ayuntamiento de Alicante para conseguir el certificado de empadronamiento con el que demandar el ingreso mínimo vital incumpliendo así el derecho legal de las personas a no tener que aportar documentos que ya obran en el poder de las administraciones.
Por todo ello, ha insistido en que para "poder socorrer" a la ciudadanía, dado que los efectos de la pandemia "van a durar", se requiere de forma "imperiosa" una modernización "profunda" de las Administraciones, desde la manera de seleccionar funcionarios, sus procedimientos, sus prácticas a su capacidad de comunicarse con la ciudadanía.
Casi ninguna queja en valenciano
El 43,49% de las quejas proceden de Alicante, el 6,07% de Castellón y el 44,39 de Valencia. El 92,09% se presentaron en castellano y el resto, 7,91% en valenciano, lo que refleja a las claras que, a pesar del afán de Compromís por imponer el valenciano en la Administración, la lengua autóctona resulta minoritaria para dirigirse a organismos oficiales.
Por materias, servicios sociales, dependencia, discapacidad, igualdad y menores concentraron el 34,93 de las quejas - un total de 1.420- frente al 31,43% del año anterior; seguidas de Régimen jurídico, participación y transparencia con el 12,10% -492- frente al 12,17% del año anterior; sociales y urbanismo el 10,46% -425- frente al 7,77%; Educación, derechos lingüísticos y patrimonio cultural valenciano el 9,0% -367- frente al 5,65%.
Por organismos, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas encabezó el número de quejas con 2.050, seguida de Educación con 1.302; Sanidad con 267, Vivienda con 71, Economía con 42, Agricultura, 34, Política Territorial, 22, Hacienda 15, Participación 9, Presidencia de la Generalitat 11 y otros organismos autonómicos 33.
Luna ha avanzado que en lo que se lleva de año se han recibido unas 200 quejas más que en el mismo periodo que el año anterior fundamentalmente en Sanidad, Vivienda, Transparencia y Educación, mientras que las presentadas por dependencia, la renta valenciana de inclusión o discapacidad "siguen más o menos la misma tónica o incluso bajan ligeramente".