Pillan a un alto cargo de Sanidad criticando el modelo de reversión de Puig
Conselleria, en reunión con el comité de empresa, intenta hacer ver a los sindicatos que las condiciones laborales de la Ribera no les convienen y que es mejor para ellos una empresa pública
Protestas de trabajadores del hospital de Torrevieja.
"La figura del personal laboral a extinguir no garantiza estabilidad", "el trabajador viene con su relación de empleo congelada, sin posibilidad de promoción profesional". Son dos de las ideas que altos cargos de Conselleria de Sanitat están tratando de inculcar al comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja para que acepte la propuesta de que los trabajadores se integren en una empresa pública y que desistan de reivindicar la misma solución que en la Ribera.
En el departamento de salud de la Ribera, después de una ardua negociación al final la concesión, los trabajadores no estatutarios están acogidos a una figura inusual denominada personal laboral a extinguir. De esta forma, la Conselleria de Sanitat, dirigida a principios de 2018, cuando finalizó la concesión, por la socialista Carmen Montón, llegó a un acuerdo que también aseguraba un futuro laboral a los empleados, hasta entonces contratados por la concesionaria, Ribera Salud, y que a partir de ese momento pasaban a depender de la Administración.
Ahora Conselleria busca una salida para aplicar en Torrevieja la directriz política del Consell del Botànic de acabar con las concesiones y, para ello, mantiene en el limbo y sin apenas información a los 1.400 trabajadores afectados, que recientemente se manifestaron en Valencia reclamando diálogo. Entre las soluciones que proponen se halla la de acogerse a la misma figura que el personal de la Ribera.
No obstante, Conselleria ya ha dejado caer la creación de una empresa pública. Para convencer al comité de empresa de que interesa más a los trabajadores de Torrevieja aceptar esa figura, han mantenido una reunión con este órgano hoy jefe de Sección de Sanidad, Javier Íñigo; la directora general de Recursos Humanos, Carmen López; y la secretaria autonómica Concha Andrés.
Para persuadirles de que se avengan a la empresa que ofrece el Consell, Íñigo, según ha podido confirmar este diario, les ha insistido en que "la figura de personal laboral a extinguir no garantiza estabilidad. La Administración, al igual que la empresa privada, también puede despedir".
Incluso ha ido más allá al criticar esa catalogación laboral, que suscribió su propia Conselleria también bajo mandato del PSPV-PSOE. "No hay por dónde coger la figura de personal laboral a extinguir que no tiene consideración de empleado público", ha insistido.
Y no solo les advierte de que pueden ser despedidos, sino que también les avisa que no promocionarán. "El trabajador laboral a extinguir viene con su relación de empleo congelada, sin posibilidad de promoción profesional. En cambio, en una empresa pública podría promocionar", ha hecho hincapié.
Concha Andrés, secretaria autonómica, ha resumido que la empresa pública, -que "como sabéis es una propuesta que está encima de la mesa"- "responde a los intereses de la empresa y también de los trabajadores".