El ex de Cs Jesús Salmerón fuerza al Consell a posicionarse sobre los indultos

Los grupos parlamentarios de Les Corts siguen sin llegar a un acuerdo sobre qué derechos tendrán finalmente los cuatro diputados - Jesús Salmerón, José Antonio Martínez, Sunsi Sanchis y Cristina Gabarda- que abandonaron Ciudadanos hace ya tres semanas. En la pasada junta de síndicos, la propia portavoz de la formación naranja Ruth Merino insistió en la necesidad de recurrir al informe jurídico para solventar todas las inseguridades que permitan acabar con los “privilegios adquiridos por tradición” de aquellos que deciden pasar al grupo de los no adscritos.

Esta controversia, a pesar de vivirse un caso prácticamente idéntico en el mismo grupo, no se produjo la pasada legislatura cuando otros cuatro diputados de Ciudadanos, entre ellos Alexis Marí, su síndic, también abandonaron el grupo. Ahora la diferencia reside en que Merino estaría intentando alcanzar un pacto con los partidos de izquierdas para que vean limitadas las opciones de perjudicar sus intereses. En la pasada legislatura el PSPV, que dirige el Consell, mantenía una buena relación con los cuatro tránsfugas de Cs, en especial con el citado Marí.

Mientras se continúa demorando la decisión sobre esta cuestión, los nuevos miembros del grupo de no adscritos siguen sin disponer de espacio físico para poder trabajar y de material suficiente para desempeñar su función parlamentaria.

Esta circunstancia, sin embargo, no les está impidiendo seguir adelante con las iniciativas para fiscalizar las actuaciones del Consell. Prueba de ello son las preguntas que ha presentado el diputado Jesús Salmerón para obligar a la Generalitat Valenciana a pronunciarse sobre el anuncio del Gobierno de España de indultar a los presos independentistas que se encuentran en prisión por haber cometido diversos delitos, entre los que se encuentran el de decisión y malversación de los caudales públicos. Este mismo escrito también ha sido remitido a todos los consellers para conocer la posición particular del ejecutivo en el que se encuentran PSOE, Compromís y Podemos.

Asimismo, tratando de zanjar la “polémica” sobre sus derechos políticos, exigen al presidente de Les Corts, Enric Morera, aplicar el reglamento vigente de la cámara para no tener que recurrir al Tribunal Superior de Justicia por un delito de prevaricación, con el “desprestigio que ello conlleva para el organismo”.

Cabe recordar también que, de acuerdo con la asignación que se aprueba al principio de legislatura, Ciudadanos podría perder, como mínimo, 120.000 euros al año por la marcha de los cuatro diputados. En concreto, dejarían de ingresar la subvención variable de 1.400 euros al mes por cada diputado y otros 1.077 para contratación de personal, lo que asciende a casi 9.000 euros al mes.

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