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Incendio en Cs por el despido improcedente del ex jefe de Gabinete de Toni Cantó

Este cese se produce tras quedar reducido el partido naranja por la marcha al grupo de no adscritos de cuatro de sus integrantes

El ex de ciudadanos, Toni Cantó, junto a la actual portavoz del grupo en Les Corts, Ruth Merino

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Ciudadanos ha despedido al que fuese jefe de gabinete de Toni Cantó, Pablo García Medrano, utilizando las subvenciones públicas que el grupo percibe de Les Corts para indemnizarle presuntamente con una cuantía económica desproporcionada. Fuentes cercanas al partido consultadas por ESdiario denuncian que habría sido la propia portavoz del grupo en Les Corts, Ruth Merino, la que habría optado por despedirle de forma improcedente para que pudiese recibir una compensación bastante superior a la que le correspondería legalmente.Este cese se produce tras quedar reducido el partido naranja por la marcha al grupo de no adscritos de cuatro de sus integrantes - José Antonio Martínez, Cristina Gabarda, Jesús Salmerón y Sunsi Sanchis-, lo que ha supuesto unas pérdidas en las asignaciones económicas de Ciudadanos que asciende a los 120.000 euros anuales. Por dicha razón, fuentes jurídicas sostienen que el despido debía haberse tramitado como procedente por causas económicas, con una indemnización a cargo de subvenciones públicas mucho menor que la reconocida y pagada presuntamente por Ruth Merino. "No parece procedente que se pague con dinero público una indemnización laboral superior a la que legalmente pudiera corresponder", confirman las fuentes.

Esta cuestión también habría generado malestar entre varios de los parlamentarios del partido, que recriminan a su portavoz la posición de plantear unilateralmente el despido sin consultarlo previamente con el resto del equipo. Alguno de ellos habría optado por exigir las explicaciones oportunas sin obtener ninguna respuesta hasta el momento.

Asimismo, se da la circunstancia de que Ciudadanos cuenta con once trabajadores fijos, cuatro de ellos con antigüedades reconocidas desde la pasada legislatura por, al parecer, decisión propia de Toni Cantó, con la consiguiente carga económica que conllevará sus ceses cuando se termine la presente legislatura.

Al ser preguntada sobre estas cuestiones, la portavoz del partido Ruth Merino ha rechazado dar explicaciones por “ cuestiones de protección de datos personales” y, por tanto, “al no ser un cargo público” considera que queda exenta de responsabilidad. Sin embargo, en relación a la presunta utilización de dinero público para cometer la irregularidad, el diputado de Ciudadanos Toni Woodward, también presente en la conversación para respaldar a su portavoz, reía mientras recriminaba que se hablase de “tonterías”, en relación a la supuesta ilegalidad. En definitiva, multitud de evasivas para no ofrecer una respuesta que “no tiene por qué transcender a la opinión pública”.

Cabe recordar que Toni Cantó postuló tras su marcha como su sucesora a Ruth Merino, con quien mantenía una amistad vinculada a que ambos veranean tradicionalmente en la población castellonense de Benicàssim. De hecho, dentro de la militancia de Ciudadanos, se les conoce a ambos y a Cristina Fernández (la diputada y portavoz provincial) como el ‘Club de Benicàssim’, por su simpatía y proximidad ideológica.

Por otro lado, mientras las fuentes insisten en ratificar todos los hechos mencionados hasta el momento, la dirección autonómica de Ciudadanos ha emitido una nota de prensa posterior a la presente publicación asegurando que "el despido se realizó de acuerdo a la ley y siguiendo las indicaciones marcadas por los asesores legales y jurídicos del grupo". En este sentido, siguen sin concretar las condiciones del despido porque "no se pueden facilitar datos personales de un extrabajador que no ha sido cargo público", si bien cabe recordar que las indemnizaciones que realice cualquier partido del arco parlamentario se pagan con dinero público a través de las asignaciones que les otorga Les Corts. Finalmente, en relación a su anterior síndico Toni Cantó, sostienen que no influyó en el nombramiento de la actual portavoz Ruth Merino y tampoco determinó la antigüedad de los contratos de los trabajadores.