Llopis: "Los valencianos podrían pagar los platos rotos de otra empresa pública"

"Adolece de rigor" y "no refleja la realidad"; estas son las expresiones con las ITV valenciana califican el informe encargado por la Conselleria de Economía Sostenible para llevar a cabo la reversión al sistema público de las ITV valencianas. El anuncio del proceso de reversión de la privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con el fin de la concesión el próximo año y bajo la previsión de que a partir de 2023 pase a estar gestionado por una empresa pública ha provocado malestar en el sector, entre otras cosas porque "la solución no pasa por crear una empresa pública más que nos haga pagar un plus a todos para no mejorar la situación actual del servicio, hoy por hoy uno de los mejor valorados en España".

Francisco Llopis, vocal de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA) y gerente de la ITV de Levante -con tres estaciones para pasar la revisión de vehículos en Massalfassar, Campanar y San Antonio de Benagéber- conversa con ESdiario de la "injusticia" y la poca conveniencia de esta reversión.

- ¿Existen problemas en el sistema actual que justifiquen la reversión?

Entiendo que no, se está prestando un servicio de calidad procurando que el conductor vea que estamos vigilando la seguridad del vehículo por su bien y el de los suyos, todo ello de una manera lo más ágil posible.

- ¿La pandemia ha puesto en relieve alguna deficiencia?

Más bien ha significado un reto para la seguridad vial, ha provocado que cuidemos el contacto con el usuario por los propios protocolos COVID y hemos demostrado capacidad de dar respuesta sin que se formen grandes aglomeraciones. De hecho, las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana han sido las más eficaces en este sentido, pese a la concentración de inspecciones que produjo el hecho de estar parados durante dos meses.

... creo que no es muy justo que, ahora, la clase política utilice la seguridad vial y nuestra labor como armas arrojadizas.

- Con este cambio ¿la gestión será mejor o peor?

Peor. Las comunidades autónomas cuyo servicio se presta por la administración o por empresas públicas -como Andalucía o Asturias- han tenido muchos problemas. La dificultad que representa para ellos la contratación de estructura o la ampliación de horarios les ha generado numerosas dificultades, quejas y deficiencias en la prestación del servicio.

- ¿En qué perjudica a las empresas esta reversión?

Las empresas hemos trabajado de forma cualificada, con la ilusión de hacer las cosas bien. Hemos creado una red de nuevos centros para acercar las ITV a la ciudadanía, hemos implantado sistemas sostenibles de calidad, hemos formado y creado un equipo de profesionales en aras a favorecer un horizonte cualificado para la seguridad vial en la Comunitat Valenciana, más allá de la reversión. Sinceramente, creo que no es muy justo que, ahora, la clase política utilice la seguridad vial y nuestra labor como armas arrojadizas.

- ¿Está de acuerdo con el informe encargado por la Conselleria de Economía?

Adolece de rigor. Se basa en datos que no reflejan la realidad de las personas que trabajan en las ITV, obvia información de algún lote y no contempla todos los gastos que afectan al empleado.

Más que como reflejo de un informe externo carente de rigor, la reversión que intenta justificar el Consell debería venir avalada por algún organismo de la Generalitat, como la Sindicatura de Comptes. La hoja de ruta sugerente del mencionado informe podría arrastrar a las valencianas y los valencianos a pagar los platos rotos de otra empresa pública con pérdidas.

No sé si me creería si le dijera que la Generalitat recauda por todos los conceptos que le he mencionado antes más del triple de lo que gana un concesionario.

- Teniendo en cuenta el informe; ¿Es más caro pasar la ITV en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades? ¿Se trata de una consecuencia directa de la privatización?

Es impropio hablar de tarifa sin referirse a los costes que afectan la misma. Nosotros pagamos mucho dinero a la Generalitat Valenciana por la concesión y alquileres por sus centros. Incluso, como es nuestro caso, hemos construido dos estaciones de ITV, que pasarán a la Generalitat en el año 2022. Pagamos alrededor de 3 euros por cada inspección. Si volvemos a mirar a otras regiones, en ninguna se paga nada de lo anterior. Aun así, las tarifas actuales en la Comunitat Valenciana están por debajo de la media, siendo en algunos casos deficitarias. También el tiempo de espera y la distancia desde el domicilio del usuario hasta la estación son más reducidos que en otras regiones.

- ¿Es tan elevado el margen de ganancia entre la empresa privada y la pública?

No sé si me creería si le dijera que la Generalitat recauda por todos los conceptos que le he mencionado antes más del triple de lo que gana un concesionario.

- ¿Es necesaria la ampliación de la red de ITV en la Comunitat?

Entiendo que a todo el mundo le gustaría tener un centro de ITV al lado de casa, pero creo que, salvo algunas excepciones, el servicio de cercanía es bueno, no obstante, se pueden estudiar nuevos centros para descongestionar algunos que sí están en determinadas épocas del año saturados o acercar más si cabe, el servicio a algunos pueblos alejados.

- ¿Qué pasará con los trabajadores que actualmente se ocupan de las ITV?

Entiendo que los que tienen más de tres años de antigüedad en el momento de la reversión pasarán a la empresa pública, aunque muchos de ellos preferirían permanecer cómo están, la incertidumbre les asusta.

- ¿Cómo afectará a los usuarios la reversión?

Hace veintitrés años se decidió cambiar de modelo, la mayoría de las comunidades autónomas ha decidido que sean empresas privadas quien haga la gestión, creo que nuestra vocación como empresarios es que el cliente se vaya satisfecho, prefiero no opinar.

- Sobrevuela una concepción de que las empresas ITV han creado un negocio “redondo”, ¿es cierto?

Ni mucho menos, como cualquier empresario intentamos luchar por obtener beneficios, pero si nos remitimos a lo que hemos invertido, como le comentaba antes pienso que ha ganado más la Generalitat que nosotros.

- ¿Quién es el mayor beneficiario de lo que pagan los usuarios?

La Generalitat, por supuesto.

- ¿Qué alternativas se plantean o proponen las empresas privadas?

Establecer una mesa de diálogo con el Consell, donde hablemos de inversiones, tarifas, prórrogas o de un modelo alternativo que satisfaga a los usuarios, a los empleados y a la Generalitat. Creo en la colaboración público-privada para mejorar la prestación de un servicio de calidad a un coste razonable. Lo que está claro, a tenor de ejemplos de otras autonomías, es que la solución no pasa por crear una empresa pública más que nos haga pagar un plus a todos para no mejorar la situación actual del servicio, hoy por hoy uno de los mejor valorados en España.