Otro alto cargo de Compromís que se sienta en el banquillo y sin dimitir

El ex alcalde de Corbera y actual alcalde de la localidad, Jordi Xavier Vicedo, se sentará en el banquillo por un presunto delito de prevaricación y exacciones ilegales en la cantera. Con ello se suma un cargo más de Compromís que se va a juicio sin que dimita de su cargo, como el director general de Empleo, Enric Nomdedéu, o el de Política Lingüística, Rubén Trenzano.En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sueca ha decretado la apertura de juicio oral contra Jordi Xavier Vicedo y la secretaria de la corporación local. En el auto de fecha del 16 de julio se declara, además, la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento y se requiere a los dos acusados y al consistorio que presten fianza conjunta y solidariamente por un importe de 261.931 euros.

La apertura de juicio oral había sido solicitada por la acusación personada y por el fiscal. El ministerio público pidió en su escrito de acusación, para el ex alcalde, quince años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y cuatro años de suspensión de empleo público por el de exacciones ilegales. Para la secretaria municipal solicita doce años de inhabilitación por prevaricación y cuatro años de suspensión.El fiscal recuerda que en 1996 se autorizó el cambio de titularidad de la cantera de la localidad y su ampliación a favor de la empresa Áridos Romafe SL, adquiriendo dicha entidad la cantera denominada Girtal nº 1124. En 2004, el entonces equipo de gobierno municipal otorgó licencia de explotación "conforme a las disposiciones vigentes" gravando esa actividad con una serie de tributos. En 2012, una vez expirada la licencia, la empresa pidió al Ayuntamiento una prorroga que en principio fue denegada.Posteriormente, se concedió la prórroga hasta abril de 2015 condicionada a una serie de pagos y tributos, "todos ellos absolutamente arbitrarios, impuestos a la mercantil concesionaria de la licencia sin base legal alguna, y esta tuvo que aceptarla para poder seguir la explotación", remarca el ministerio público. Acuerdo con consciencia de ilegalidadEl fiscal alude a pagos que suman 60.000 euros y una serie de prestaciones, como nivelar y asfaltar caminos públicos o acondicionar acequias, entre otros, que estaban a cargo de la mercantil y que supusieron un desembolso de otros 22.000 euros. Esa resolución, apunta fiscalía, fue adoptada "a instancias del alcalde acusado y con el visto bueno, conocimiento y conciencia de su ilegalidad" de la secretaria.Esa resolución, apunta fiscalía, fue adoptada "a instancias del alcalde acusado y con el visto bueno, conocimiento y conciencia de su ilegalidad" de la secretaria. Además, terminada la prórroga y mediante una resolución de alcaldía de 2015 se otorgó una nueva extensión hasta 2017 "exigiendo Jordi Xavier Vicedo el pago de 90.000 euros", así como el abono de 30.000 euros en material y un porcentaje de 0,15 euros por tonelada extraída en cuanto se excediera de las 600 anuales, ascendiendo lo pagado en especie a 19.393 euros. "Esta segunda prórroga, al igual que la primera, fue adoptada con el conocimiento y conciencia de su absoluta ilegalidad de la acusada, que no puso reparo alguno a su aprobación", incide el fiscal.