El caso IVAM queda en nada: No habrá prisión para Císcar y el resto de acusados

En el mes de julio del año 2015, hace ahora seis años, se iniciaron las diligencias judiciales de lo que sería conocido como caso IVAM, en ese momento sin definir hechos concretos, pero apoyado en un informe de la Intervención de la Generalitat que revisó los expedientes de los diez años anteriores, encontrando, lo que el propio informe denominó como “irregularidades administrativas”.Resultó curioso que un Ente Público auditado anualmente por la propia Intervención sin apreciar irregularidad alguna, de pronto, se pone a analizar diez años y, casualmente ve irregularidades en el prestigioso Instituto Valenciano de Arte Moderno donde antes no habían.

El decreto que regula la Intervención de la Generalitat establece que si la Intervención aprecia actuaciones constitutivas de delito en su labor inspectora debe ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales. No es este el caso porque la Intervención no denunció ante la fiscalía al no apreciar delito alguno, quien lo hizo fue Joan Llinares, nombrado entonces administrador del IVAM, y actualmente director de la Agencia Valenciana Antifraude a propuesta de los socios del gobierno del botánico, y conocido últimamente por negarse a entregar al PP la documentación referida al hermano de Ximo Puig, en contra del criterio del Sindic de Greuges y a pesar de haber perdido su recursante el Tribunal Supremo.

En el recorrido de mas de seis años de instrucción han estado investigados trece personas, que han tenido que ver sus nombres en los medios de comunicación y asumir el coste de abogado y procurador para defenderse de unas acusaciones sin consistencia.

Después de acudir al juzgado a declarar, y de multitud de escritos solicitando quedar fuera

de las diligencias penales, fueron cayendo uno tras otro, hasta quedar en cuatro investigados, tal como ha venido informando ESdiario.

La juez instructora ordenó una comisión rogatoria para investigar en Miami, posibles cuentas de Consuelo Císcar y su familia, declarando secretas, por segunda vez, las actuaciones y demorando la instrucción un año, con un resultado nulo. No había cuentas en Miami.

Ahora se ha publicado en los medios de comunicación el acuerdo, convertido en sentencia, al que ha llegado Consuelo Císcar y el resto de los acusados, un empresario de transportes, el subdirector de administración y una funcionaria, de nivel administrativo de la Generalitat, adscrita al IVAM durante unos años.

Para poder entender el motivo del acuerdo que ha dado lugar a la Sentencia, hay que acudir a los escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat. ¿Qué penas pedían en sus escritos y en cuanto ha quedado? ¿Qué consecuencias tienen esas sanciones penales para los acusados?

De 12 años de cárcel a 8.000 euros

El Ministerio Fiscal, pedía para la ex directora del instituto de arte Consuelo Císcar, dos penas de prisión de 6 años cada una, en total 12 años de prisión, más la correspondiente inhabilitación y una responsabilidad civil de poco mas de 8.000€ y la Abogacía de la Generalitat penas de prisión que sumaban 10 años y mas de un millón de euros por responsabilidad civil, de forma solidaria entre los acusados.

Se observa que la fiscalía pide mas cárcel que dinero, y la Generalitat quiere mas dinero que cárcel, y sorprende la diferencia económica. Mientras que para la fiscalía el “daño” causado durante diez años de gestión de la directora se limita a 8.000€ de un gasto que entiende no justificado, la Generalitat pide un millón. Parece claro que son penas gravísimas para hechos que deben ser igual de gravísimos, y que quien las pide no aceptaría rebajarlas, o como mucho en un porcentaje mínimo. Como veremos, no ha sido así.

Con esta acusación, que supone realmente enfrentarse a unas penas equivalentes a las del delito de homicidio (prisión entre diez y quince años), teniendo un largo juicio por delante de un mes (estaba previsto celebrarle a lo largo del mes de septiembre), con más de veinte testigos, policías, interventores y peritos, es previsible una predisposición a un pacto. Es una táctica antigua, el miedo ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad.

Un pacto más que una confesión

En cuanto han quedado las penas, o dicho de otro modo, ¿Que potencial probatorio tenían las acusaciones para mantener esas penas ante un tribunal?: Para la ex directora del IVAM, un año y seis meses de prisión, con petición del Ministerio Fiscal de que quede suspendida la pena, por lo que no hay pena de prisión efectiva, una inhabilitación para empleo o cargos públicos, que tampoco tiene efecto, dado que Consuelo Císcar está jubilada desde hace mas de siete años, y una responsabilidad civil, que, de los 8.000 que solicitaba la fiscalía, con la finalidad de que la Generalitat entrara en el acuerdo, se cerró en 50.000€ entre los cuatro acusados, y 20.000€ por unos inventados “daños morales” al museo.

Este acuerdo, con el mismo resultado, con inferior solicitudes de pena ha sido suscrito igualmente por el subdirector de administración, Juan Carlos Lledó, al que la Generalitat le pedía ocho años de prisión, y la fiscalía cuatro, como cooperador necesario, sin participación alguna en el relato de hechos sobre el supuesto beneficio a la carrera del hijo de Consuelo Císcar.

Por lo tanto, el juicio cuyo comienzo estaba previsto para el 10 de septiembre no se celebrará. Las partes fueron convocadas ante el Tribunal el pasado día 29 de julio, firmaron el acuerdo ante el Tribunal el día 30, con el relato de hechos “acordado” y redactado por la fiscal del caso, con una responsabilidad civil que no se adjudica a un hecho concreto, ya que se ha introducido por la insistencia de la Generalitat de “recibir” más dinero.

Las acusaciones, sin pruebas sobre el uso de fondos públicos por parte de la directora del museo para promocionar la carrera artística de su hijo, imputado y desimputado por la instructora, han salvado la cara consiguiendo una condena sin efectos prácticos, gracias a una denominada confesión, que ha sido realmente un pacto.