Debate: la tregua del Botànic retoma la política de bloques

No suele ser habitual que en política se sucedan excesivos cambios de un año a otro, por eso el debate de Política General con el que Ximo Puig daba inicio al nuevo curso político había generado tanta expectación. Porque esta vez sí, habían cambiado muchas cosas. Entre ellas, un parlamento renovado que contaba con tres nuevas síndicas -Ruth Merino (Cs), Pilar Lima (Podem) y María José Catalá (PP)-, además del grupo de los no adscritos, y un crisis de Gobierno materializada en semanas previas que había rearmado la maquinaria electoral de los partidos. Todo apuntaba a que Les Corts podría convertirse en un campo de batalla dialéctico interesante con un Consell dispuesto a echar un pulso al líder del Ejecutivo, Ximo Puig. Aunque quizás las expectativas eran demasiado elevadas. O directamente se había pasado por alto un elemento que siempre aflora en momentos de crispación: la política de bloques.

Fuera por lo que fuese, lo cierto es que al final todo sigue igual en el parlamento valenciano. El tripartito de izquierdas ha decidido firmar la tregua para dar paso a un debate tranquilo, a sabiendas de que la oposición utilizará cualquier roce, existente o no, para tratar de desgastar el pacto del Botànic. El resultado de ello ha sido un retorno a la vieja política, basada en la España polarizada, sin término medio entre la “normalidad mejorada” planteada por Puig tras un año de pandemia y el apocalipsis horrorizado de la derecha política. Dos realidades paralelas que nadie encuentra cuando rebasa las paredes del parlamento y que la gente de “a pie” es incapaz de comprender porque les resulta ajenas a su día a día. Así pues, cuesta imaginar que este debate haya podido esclarecer las dudas de algún aventurado ciudadano dispuesto a conocer la actualidad política tras el cúmulo de informaciones antagónicas y datos contrapuestos, en su gran mayoría sometidos a interpretaciones partidistas.

Con la personalidad política sosegada que le caracteriza al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha visto obligado a ejercer de director de orquesta para retener cualquier amenaza escenográfica de tensión Botánica después de “el curso político más difícil en 80 años”. De hecho, el discurso de estado del pasado año ya estuvo copado por la pandemia y unas palabras de recuerdo a todas las víctimas, entonces 1.584 fallecidos, cifra que queda lejos si se compara con los 7.778 fallecidos de la actualidad. Aunque el contexto económico y social camina ahora hacia niveles prepandémicos debido, en gran medida, a una aceleración en el proceso de vacunación que ha permitido superar la barrera del 80% de la población con al menos una dosis del fármaco, lo que acerca a la región a los umbrales de la inmunidad colectiva. En este marco de recuperación, el líder del Ejecutivo pretende “reinventar” la Comunitat hacia un nuevo Estado de Bienestar impulsado necesariamente por las ayudas europeas, que se multiplicarán por cinco en los próximos tres años.

Precisamente, en este punto, la nueva portavoz de los populares, María José Catalá, le recriminaba que no tuviese un plan de futuro propio para la región: “Si todo depende de apoyos externos, ¿para qué está usted?”. Y es que al margen de las tradicionales promesas que caracterizan a este tipo de debates - “ximoanuncios” como llama la oposición- las recetas aportadas por Puig en esta “transformación” no tenían nada de nuevas. Más bien de viejas. Algunas incluso muy viejas. Tanto es así que la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha introducido el concepto de “ximoreciclaje” para referirse a todas esas promesas incumplidas de años anteriores que ha intentado “vender” como novedosas.

Uno de ellos ha sido el compromiso de solicitar al Gobierno de la nación la transferencia de la gestión de los servicios de Cercanías en un proceso que iniciarán antes de que acabe el año. “El servicio de Cercanías, que depende del Estado, no funciona aquí como debería”, defiende Puig. No en vano, este anuncio, que lleva acaparando titulares desde el año 2016, ha obtenido el reproche de la oposición y un ‘tirón de orejas’ de Compromís, inmerso en una campaña contra los retrasos y cancelaciones de trenes.

Otro de los núcleos centrales del debate ha girado en torno a la sentencia contra el exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra por abusar sexualmente de una menor tutelada por su Conselleria. La oposición al completo ha pedido el cese inmediato de la dirigente de Compromís, aunque la portavoz del PP ha querido ir más allá dedicando gran parte de su intervención a recriminar a Puig su “inacción” ante este caso . “El día que decidieron ignorar a la menor abusada perdieron toda la credibilidad y confianza. Sólo por el silencio atronador que ha mostrado merece irse a su casa”, le replicaba María José Catalá.

Asimismo, le acusa de “camuflar” otros frentes que tiene abiertos en su gestión: la fractura en el Gobierno; la “debilidad” ante el “ninguneo” de Sánchez; la “manipulación” en la cifra de fallecidos por coronavirus; y una gestión económica “precaria” que nada tiene que ver con el “triunfalismo” de Puig.

Infrafinanciación y reforma fiscal

La infrafinanciación ha copado también gran parte del debate en el marco del conjunto de las reformas estructurales que necesita la Comunitat de cara al futuro. Bajo el lema ‘tots a una veu’, el president ha defendido una postura “leal, firme y patriótica” con el objetivo de superar el estado de “discriminación” que padece la región. “Lo que hace falta son soluciones, no sobreactuaciones”, pedía Puig.

Algo que no ha compartido el portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien ha defendido la importancia de sumarse a la manifestación unitaria contra la infrafinanciación autonómica del 20 de noviembre, como la que llenó las calles de València en 2017, además de poner en marcha una campaña de recogida de firmas en los próximos meses para llevar a Madrid las reclamaciones de los valencianos y exigir al Gobierno "que escuche".

En Ciudadanos, por su parte, creen que sigue sin haber “voluntad política” e instan a Puig a visitar el despacho de “su jefe” en La Moncloa. “Estamos cansados de las excepciones a los políticos nacionalistas vascos y catalanes por parte de los gobiernos del PP y PSOE”, ha afirmado.

Por otro lado, Ximo Puig se ha propuesto desmantelar punto por punto uno de los proyectos políticos que viene abanderando el Partido Popular: la bajada de impuestos. A su parecer, son falsas todas las acusaciones que se lanzan desde la formación de Pablo Casado achacando al Gobierno valenciano de aplicar una de las mayores cargas fiscales de España. Y para demostrarlo, ha acusado a la región de Murcia, dirigida por el popular Fernando López Miras, de tener unos impuestos más altos. Además, teme que la “revolución fiscal” del PP, que supondrá un ahorro de 1.500 millones para los ciudadanos, pueda beneficiar a las rentas más altas.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha defendido que su formación es la "única alternativa" frente a la "realidad paralela", los "delirios" y las políticas de "rodillo y decretazo" del "infame" gobierno del Botànic, que es "parte del problema".

Un Botànic "muy vivo"

En esta línea, ha defendido la familia como "el último reducto de libertad a salvo del consenso 'progre'", así como una educación en la que se enseñe a "respetar a todos y no a determinados colectivos que riega con subvenciones". "Con ustedes, nuestros hijos no conocerían la historia de ETA", ha espetado.

Por su parte, la portavoz de Podem, Pilar Lima, se ha encargado de materializar la tregua del Botànic en este debate. “Algunos salivan pensando que este gobierno se rompe, pero hay fortaleza desde la pluralidad”, defiende. Aunque no ha dejado pasar la polémica aplicación de la tasa turística. Según la síndica, es necesario apostar por la este impuesto "para así poder recaudar recursos que irán destinados: por una parte, a políticas de vivienda a través de ayudas dirigidas al alquiler para jóvenes, reforzando así el pacto intergeneracional; pero también irán destinados a un fondo de adaptación al cambio climático que nos ayudará a frenar los impactos del turismo en la Comunitat Valenciana".

Una propuesta que deberán consensuar en el seno del Consell “desdramatizando” las diferencias, con diálogo y negociación. “Larga vida al Botànic. Está muy vivo”, apostilla.