La Comunitat: Del derecho como identidad y el agua como justicia
La ausencia de un sistema justo de financiación nos priva en relación a otros españoles de disponer de más y mejores recursos en materia de bienestar social, educación o sanidad.
El pasado 30 de septiembre la Associació de Juristes Valencians galardonó en la segunda edición de sus premios “Gregorio Mayans” al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. En estos momentos uno de los dos tribunales consuetudinarios reconocidos en España, y que en breve estará acompañado del Tribunal Comuner del Rollet de Aldaya y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela en cuyos reconocimientos ha participado activamente la entidad en la línea de su trabajo por la promoción de las instituciones jurídicas de la Comunitat Valenciana.
Se trata de instituciones que encarnan como pocas nuestra tradición pactista y una cultura del agua tan arraigada. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, afirmó con buen criterio hace unos días en la ciudad de Valencia sobre el agua que no es una cuestión de solidaridad sino de justicia y es mediante la justicia, mediante el derecho, elemento privativo y originario de nuestra identidad, en este caso el que emana de la fuente de la costumbre como hemos resuelto durante siglos el reparto y uso del bien preciado.
Si al agua es una cuestión de justicia y la necesidad del trasvase Tajo Segura es un asunto general y no exclusivo de los afectados, en tanto que la riqueza que genera el buen uso por los regantes entre otros del agua reporta beneficio común, cierta analogía se puede establecer como introdujo Carlos Mazón, en su discurso en la plaza de toros, al señalar que la infrafinanciación no es sólo una reclamación sino también una cuestión de igualdad.
En tanto que la ausencia de un sistema justo nos priva en relación a otros españoles de disponer de más y mejores recursos en materia de bienestar social, educación o sanidad. Siendo así que al ser cuestión de igualdad se transforma en un asunto de dimensión general. Y debería pasar a ser punta de lanza de la agenda territorial española, aquella que exige reformas concretas a cuestiones que afectan al mapa autonómico que permitan la mejora de sus administraciones por ende de sus servicios repercutiendo en una mejor calidad del conjunto de los ciudadanos.
Reformas frente a ruptura, soluciones concretas frente a términos vacíos como el de federalizante que no hace más que poner en cuestión la unidad de la soberanía para acabar muriendo en la orilla de la falta de propuesta autonómica de la izquierda. Propuesta en cambio que puede proyectarse desde la Comunitat Valenciana como alternativa frente a los que niegan el estado de las autonomías, unos y otros, bajo el mantra de que con su muerte vendrá un horizonte utópico mientras la realidad les empuja a un precipicio que más bien tiene aspecto de distopía.