El Síndic vuelve a dejar en evidencia la obstrucción de Oltra en investigaciones

Los constantes enfrentamientos entre la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y la Sindicatura de Greuges, que dirige un histórico del socialismo valenciano Ángel Luna, parece estar en su momento de álgido después de que una resolución del defensor del pueblo valenciano culpase a la líder nacionalista de haber interferido en una investigación sobre centros de menores.

Al respecto, Mónica Oltra ya insinuó que existía una especie de persecución contra su persona al deducir, entre otras cosas, que el informe de Luna resultaba “inapropiado” desde el punto de vista administrativo por el cúmulo de “insidias y sospechas sin fundamento” lanzadas. Sin embargo, la Sindicatura ha vuelto a poner en serios apuros a Oltra tras destapar que su Conselleria tampoco ha entregado en tiempo y forma una serie de informaciones sobre la renta valenciana de inclusión y la lentitud en la tramitación de personas que afirman haber dejado de cobrarlas o que no se les ha resuelto el expediente.

Unas conclusiones similares a las que ya aparecían en otro informe de 2018 publicado en exclusiva por ESdiario, donde el anterior Síndic, el ex popular José Cholbi Diego, también advirtió al departamento de Oltra de una falta de colaboración reiterada en la investigación “de este u otros expedientes”. Además, en el mismo escrito le reprendía que estaba en la obligación de entregar la documentación requerida en plazo y que contenga, expresamente, “datos actualizados” del expediente solicitado. “Esta actitud merecerá ser destacada en la sección correspondiente del Informe anual que esta institución presenta, y llegado el caso se evaluará la posible emisión de un informe especial ante Les Corts valencianes”, manifestaba el síndic.

Preguntada por este suceso, Mónica alegó que por aquel entonces existían problemas de comunicación que les obligaba a comunicarse por correo postal, lo que retrasaba todos los procedimientos. Ahora, sin embargo, Mónica Oltra, vuelve a escudarse de las nuevas acusaciones de Ángel Luna alegando falta de personal en una "elevada carga de trabajo" que imposibilita atender la solicitud "con la celeridad requerida". No en vano, promete que en la medida de que la disposición de recursos lo permita le facilitarán la información que pide y, en caso de no estar satisfecho con su oferta, le propone una solución alternativa: recomendar a la Conselleria de Hacienda y a la de Justicia y Administración Pública para que aprueben la creación de puestos de trabajo que han solicitado.

Precisamente, le remite a dos Consellerias dirigidas por el PSPV y con las que no guarda una relación del todo afable. De hecho, Oltra llegó a plantar a Vicent Soler en un encuentro para la negociación de los presupuestos 2022 y le recriminó en una entrevista en Àpunt que le tratase como una “xiqueta” cuando “yo soy la vicepresidenta y él solo un conseller”.

La respuesta de Ángel Luna a la propuesta de la dirigente de Compromís es clara y concisa. “Resulta del todo ajeno a las competencias del Síndic la facultad de recomendar a las Consellerias de Hacienda y de Justicia, Interior y Administración Pública que proceda a la creación y cobertura de los puestos de trabajo solicitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas", manifiesta el Síndic de Greuges.

Luna incide también en que la capacidad de distribuir los medios humanos y materiales de que dispone el Consell forma parte de la potestad de autoorganización de que disponen todas las administraciones públicas, "cuyos problemas deben ser resueltos en el seno del propio órgano de gobierno".

Además, el Síndic de Greuges apunta que la excusa de la falta de personal dada por el departamento del que se hace cargo Mónica Oltra “está siendo utilizado, con idéntico tenor literal, para rechazar el cumplimiento de las recomendaciones que esta institución ha efectuado en otros expedientes de queja”. De ahí que Luna considere que «más que en una concreta motivación”, se haya convertido “en una cláusula de estilo que no puede ser admitida. Lo contrario llevaría a asumir que la satisfacción de los derechos de la ciudadanía, recogidos en las leyes y en los reglamentos que emanan de esa misma administración, puede ser eludida, sine die, por quien está obligado a garantizarla, con una indeterminada referencia a problemas de índole organizativa”.