La obra póstuma de Gerardo Rueda a juicio

Ha querido el destino que el día de difuntos dé comienzo el juicio oral y público en el que se dirime la autenticidad y el valor de la obra póstuma del reconocido pintor y escultor español Gerardo Rueda, protagonista de la abstracción española, cuando ya se cumplen veinticinco años de su muerte. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo que juzgará la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia que preside la magistrada Sonia Chirinos es si se cometió delito penal y se derivan responsabilidades civiles por la adquisición de obra póstuma, buena parte de ella monumental, por parte del IVAM en la etapa en la que era directora Consuelo Císcar.

En consecuencia, se acusa -por el Ministerio Fiscal, por la Abogacía de la Generalitat y por Acción Cívica contra la Corrupción como acusación particular- al heredero del artista, José Luis Rueda, como vendedor y a la propia Consuelo Císcar como máxima responsable del museo comprador, de conductas delictivas de prevaricación, malversación y falsedad documental, para acabar reclamando seis años de cárcel y algo más de 4 millones de euros por responsabilidad civil, en los que se incluye al tercer acusado en esta causa, el Director Económico del museo en aquella época, Juan Carlos Lledó.

Como habitualmente ocurre, la solución está en el conocido dicho “suivez l`argent”. Siguiendo el dinero, el pagado por el IVAM por las obras adquiridas, se acabará dirimiendo la cuestión. Analizando su importe, se entiende. Porque el destino resultó naturalmente su legítimo propietario y vendedor: el hijo del artista.

De manera que, aunque no sea esa la cosa formalmente juzgada, es la cuestión fundamental que permitirá al Tribunal que completan los magistrados Ana Cantó y Alberto Blasco, valorar si la compra resultó ajustada a precio. Las acusaciones, como ya hicieran reiteradamente la UDEF y la juez en la instrucción, aprecian simples reproducciones exentas de valor artístico en la obra adquirida y una suerte de estafa encubierta de la que se benefician vendedor y comprador en perjuicio de la administración pública. Por el contrario, el heredero y presidente de la Fundación que

lleva el nombre de su padre, obviamente buen conocedor de su obra y legado, sostiene argumentación sólida y documentación que la sustenta que -a criterio de su defensa que ejerce el letrado Santiago Milans del Bosch- demostrará la autenticidad de la obra póstuma y, en consecuencia, la corrección del precio acordado y la validez del contrato que estableció la adquisición por compraventa y donación combinadas.

La cuestión no es baladí, y mucho menos las consecuencias penales que se derivarían de una condena acorde con lo solicitado por las acusaciones, por lo que para su análisis se contará con el testimonio de numerosos expertos en el mundo del arte moderno español y, más concretamente, en la obra de Gerardo Rueda.

Lamentablemente no podrán hacerlo ya Bárbara Rose, Calvo Serraller ni Tomás Llorens (los dos últimos declararon en Instrucción). Y se verán pericias de parte suscritas por autores reconocidos y especialistas en la materia. Entre los firmantes de textos que elogiaron la compra cuando se produjo -diecisiete años atrás- comparecerá José Guirao, a la sazón ex ministro de Cultura, director del Reina Sofía por entonces.

Precisamente una de las peritos judiciales, Rosario Peiró, es en la actualidad directora de colecciones de la pinacoteca madrileña, y su acervo museístico cuenta con obra póstuma de Gerardo Rueda y, precisamente, también de Julio González, entre otros muchos. Pese a ello, hasta la fecha se ha manifestado dudando de la autenticidad de las obras adquiridas por el IVAM e incapaz de adjudicarles un precio cierto. Ahí está el quid de la cuestión.