El Defensor del Pueblo investigará a Ribó por el incremento de la delincuencia

La delincuencia vuelve a convertirse en un nuevo problema para Ribó. El Defensor del Pueblo Valenciano ha admitido a trámite la queja interpuesta por el Partido Popular contra el Ayuntamiento de Valencia en relación al “alarmante” aumento de los problemas de seguridad ciudadana en la ciudad. La institución dirigida por Ángel Luna deduce de los hechos descritos por la formación azul que podría existir una “inactividad” del alcalde Joan Ribó que, a su vez, afectase al derecho a una buena administración de sus obligaciones como primer edil.

De hecho, el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior demuestra que la delincuencia en Valencia ha crecido un 36,5%, mientras que a nivel autonómico el crecimiento es del 16,7%. Los datos resultan llamativos si se comparan con la media nacional, la cuál únicamente ha crecido un 8%. Además, la capital del Turia es la ciudad española donde más ha aumentado la delincuencia. En ciudades como Barcelona ha bajado un 2,9 %; en Sevilla ha descendido un 0,5%; y en Madrid sólo ha subido un 9%.

Por ello, el Síndic de Greuges solicita al Ayuntamiento de Valencia una serie de informes sobre cinco aspectos fundamentales a fin de poder iniciar una investigación. Estos son una aclaración de la Unidad de Policía Local UCOS-Noche en relación a los recursos humanos que necesitaría para atender las necesidades del servicio, las medidas que ha adoptado el consistorio para luchar contra la práctica del botellón, los detalles del estado de tramitación en la que se encuentra el proceso selectivo correspondiente a las 234 plazas de Policía Local de los años 2018 y 2019, un informe sobre los motivos que impiden la aprobación de las bases de las plazas de Policía Local de la Oferta Pública de Empleo de 2020 y los acuerdos adoptados para lograr la aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, califica esta situación de “extrema gravedad” y pide devolver la policía de barrio que existía con los gobiernos del PP así como un incremento de la presencia policial “que ha caído en picado porque en los últimos años se han jubilado efectivos y esas plazas no han sido cubiertas”. Asimismo, los próximos presupuestos prevén un nuevo efectivo de agente para el próximo año y la reducción de otro funcionario menos al servicio de licencia, pese a que a día de hoy tienen atascadas 3.488 licencias de obras, de las cuales 605 son para pisos protegidos.

Con todo, Catalá espera que el pronunciamiento del Síndic, que otorga el margen de un mes al Ayuntamiento para entregar la información requerida, suponga un “punto de inflexión” y que Ribó “se tome en serio las quejas de los vecinos porque están dispuestos a recurrir ante cualquier instancia para poder vivir con tranquilidad y normalidad”.