El Gobierno "veta" la bajada del IVA en servicios de atención a la dependencia
El impacto de esta decisión en una persona de una residencia de la Comunitat es de 1.200 euros, mientras que la pensión media es de 956 euros
Anciano en una residencia
El Gobierno veta la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que pretendía equiparar el IVA al 4% en todos los servicios de atención a la Dependencia, para que las personas en esta situación tributen al mismo tipo reducido del IVA por aquello que necesiten, desde teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o de atención residencial. El impacto de esta decisión en un anciano de una residencia de la Comunidad Valenciana podría estar en torno a los 1.200 euros, cuando la pensión media está en 956 euros, lo que supone una paga y cuarto más al año.
Hasta ahora, el IVA que se paga por los servicios asociados a la Dependencia es del 10% si los contratan de forma personal, mientras que solo tributan un 4% por idéntico servicio si este es concertado o público.
Esto "perjudica doblemente" a las personas que se encuentran en un limbo, porque a pesar de tener una plaza pública, tienen que abonar la totalidad de la plaza el servicio de su propio bolsillo mientras la Administración resuelve su caso y encima gravado con un 6% más de IVA que pagaría si ya dispusiera de esa plaza pública o concertada que le corresponde.
La presidenta de El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), Cinta Pascual, ha defendido que seguirán luchando contra esta “injusticia social” hacia las personas mayores, ya que, a su parecer, “no tiene explicación” que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona “tenga una tributación diferente”.
Pascual se pronunciaba en esos términos minutos después de suscribir, junto a representantes de más de 8 millones de pensionistas y jubilados el manifiesto, impulsado por CEAPs, un manifiesto para exigir que todas las personas dependientes tributen al mismo tipo reducido del 4% por los servicios a la Dependencia y eliminar, de esta forma, el doble rasero “injusto” que implica que no todas las personas que viven en residencias acuden a centros de día o reciben cuidados en el entorno familiar paguen el mismo IVA por el mismo servicio.
“La atención a la Dependencia no puede ser considera un lujo; es un servicio esencial”, apunta Pascual, quien añade que “es una vergüenza que hablen de justicia social cuando vetan una enmienda que va directamente a las personas”. No hablamos de fiscalidad o de dinero, hablamos de justicia”. Entre las organizaciones que han suscrito el manifiesto figura la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios y la CEDDD.
Con su adhesión, trataban de presionar al Gobierno para que no vetara la enmienda presentada por distintos grupos políticos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, al entender que “es el momento de que todos los políticos, en el Gobierno y la oposición, estén a la altura, se pongan al lado de los mayores, de las personas dependientes y de sus familiares, y acaben con una “injusticia histórica”.