Caso IVAM: Llinares sugirió la investigación de Rueda
En la recta final del juicio sobre la adquisición de obra de Gerardo Rueda por el Instituto Valenciano de Arte Moderno cobran cuerpo llamativas coincidencias.
Gerardo Rueda y su hijo José Luis en 1995 en la fundición Capa.
Tras la exhaustiva jornada anterior, que contó con la compleja declaración de seis peritos, cinco de ellos designados durante la Instrucción que dirigió la juez de refuerzo Nuria Soler, y otro propuesto por Consuelo Císcar, la última ha sido una sesión corta y de carácter muy específico que ha cerrado la comparecencia de la Interventora General de la Generalitat Valenciana desde febrero de 2016, Amparo Adam.
Cuestiones muy técnicas, relacionadas con la función interventora propia de los diferentes funcionarios de la Intervención General que comparecieron, ocuparon preguntas (de acusaciones y defensas, por este orden) y las correspondientes respuestas, a propósito de la naturaleza de derecho privado que la propia Ley de creación del IVAM explicita y su incidencia en contratos y expedientes de adquisición de obras de arte en condición de peritos (las póstumas de Gerardo Rueda son el
objeto de controversia). Efectivamente, unos y otros participaron en la elaboración del Informe Provisional solicitado por la Conselleria de Cultura que ocupaba entonces María José Catalá, a su vez y como tal, presidenta del Consejo Rector del Museo. Su contenido fue conocido por ese Consejo Rector al inicio de la dirección de García Cortés y su equipo, actuando como funcionario de actas -con voz y sin voto- el subdirector Económico Joan Llinares. Éste ocupa actualmente la dirección de la Agencia Antifraude.
Posteriormente se ha aclarado el alcance de las Auditorías anuales de cumplimiento que incluyen una fiscalización de muestras elegidas de forma aleatoria, muy diferentes al Informe que es más completo y conlleva particular responsabilidad de los funcionarios que lo sostienen con su firma. Y así se hizo en el primer borrador que contenía la valoración de cinco piezas adquiridas por el IVAM en el periodo de análisis (2009/2013), desde una fotografía hasta una instalación, tanto de artistas más maduros como noveles. Sin embargo, el Informe Provisional presentado al Consejo Rector añadía la valoración de obra póstuma de Rueda. En ambos casos, los ahora peritos judiciales Brihuega y Pérez Segura apreciaron sobrecostes.
A preguntas de las acusaciones, el interventor - entonces desconocedor según sus propias palabras del concepto de obra póstuma - que dudó del precio de obra a fundir con posterioridad al fallecimiento del autor, recordó que “alguien” del museo le indicó sus dudas sobre otras adquisiciones.
En el turno de defensa que inició el letrado Juan Molpeceres, cobró relevancia conocer por boca del mismo funcionario que ese “alguien” fue el 'señor Llinares' (en su condición de director Económico, apostilló). La obligatoriedad de hacer constar faltas que pudieran resultar ilícito penal, en un Informe como el evacuado por la Intervención General en este caso, y la de su superior de denunciarlo donde proceda, quedó evidenciada a preguntas del letrado Francisco de Antonio, que representa a Juan Carlos Lledó en esta causa. Naturalmente, la inexistencia en el Informe de tales
advertencias graves indica que no las hubo, porque no se apreciaron.. En caso contrario hubiera resultado innecesario que el mismo 'señor Llinares' pusiera el Informe a disposición de la Fiscalía. Ya lo hubiera hecho, por ley, el entonces Interventor General Francisco de las Marinas.
En relación con las auditorías anuales y externas, declararon los responsables de las empresas que efectuaron las del IVAM entre los años investigados, y el entonces viceinterventor García López que realizaba el seguimiento del trabajo, hacía indicaciones sobre aspectos concretos y, finalmente suscribía el Informe final. Nunca apreciaron faltas graves, constató.
Coincidencia
La sesión ha dejado un buen sabor en el entorno de acusados y defensas. Y el nuevo protagonismo de Llinares sugiriendo que se investigara la adquisición de Rueda en años anteriores a los establecidos para la Inspección, que no habrá pasado desapercibido a José Miguel Cervera, quién fue subordinado suyo en la Agencia Antifraude entre abril y noviembre de 2018, y representa en esta causa a la Generalitat como acusación desde la Instrucción (salvo los meses pasados como director de Análisis e Investigación en la Agencia).