Polémica en el Botànic por equiparar la violencia en el parto con el maltrato

La enmienda presentada por los tres socios del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) que pretende equiparar la “Violencia obstétrica” como violencia de género y, como tal, incluirla en la Ley de Violencia sobre la mujer ha suscitado un gran malestar entre los profesionales sanitarios y una división interna en el PSPV. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de coacción durante el parto “se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres”.

Un concepto que engloba acciones como el maltrato físico, humillación y abuso verbal, procedimientos médicos consentidos, no obtener un consentimiento informado, negativa a administrar medicamentos para el dolor, descuido de la atención o violaciones graves de la intimidad. Aunque este intento de legislar la medida ha levantado ampollas entre algunos de los profesionales que formaban parte de las Comisiones por la Igualdad y Violencia de Género en Les Corts, tras mostrarse en desacuerdo con el contenido de la propuesta.

La jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Doctor Peset, Reyez Balanzá, y la jefa de la Sección de Ginecología del Hospital La Fe de Valencia, Ana Monzó, han presentado su renuncia a sus cargos en las comisiones al entender que esta Ley resulta “injusta, abusiva y falsa” porque consideran que utilizar la palabra violencia es, por las connotaciones que esta tiene, identificar al “profesional sanitario como agresor, equiparándolo a un maltratador por violencia de género o un torturador”.

Reyez Balanzá ha explicado en una carta que considerarlo como violencia machista es una utilización política que implica considerarlos como maltratadores machistas y, por tanto, como delincuentes. Admite también que pueden existir casos de mala praxis o negligencia médica pero resalta el esfuerzo que hacen los profesionales diariamente para dar una asistencia de calidad a todas las mujeres.

Monzó, por su parte, asegura que no puede estar más en desacuerdo con esta medida, "que tiene un fundamento irreal, es injusta, nos criminaliza como profesionales y va a tener consecuencias muy negativas en relación a nuestro respeto y confianza mutua con las mujeres (embarazadas o no) a las que atendernos”.

La propuesta, presentada en forma de enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2022, está impulsada por Compromís y también ha generado polémica dentro del PSPV. De hecho, desde la Conselleria de Sanidad se mostraron ayer en contra de la misma porque, entre otros motivos, puede llevar a confusión. Además, resaltan el gran trabajo realizado para humanizar la atención ginecológica y sobre todo la asistencia en el parto.

Legislar la violencia obstétrica, sí o no

En la actualidad, existe normativa (tanto legal como ética) suficiente para poder actuar contra de aquellos profesionales que no trabajen acorde a los estándares y criterios de calidad y buena asistencia sanitaria establecidos. Entonces, ¿por qué tanto ruido en torno a la necesidad de legislar sobre la violencia obstétrica?

La denominada violencia obstétrica ejercida por los profesionales no se lleva a cabo de forma dolosa. Incluso si esto fuese así, en el código penal hay recogidos tipos que pueden ser utilizados para sancionar a los autores de este delito.

En países, donde se ha recogido la violencia obstétrica como un delito específico no ha disminuido el porcentaje de mujeres que perciben una situación de violencia. Esto demuestra que la penalización no es la solución. Sin embargo, la sensibilización y la formación sí que pueden poner fin a la mala praxis profesional en los paritorios.