El Botànic aprueba la violencia obstétrica con el rechazo del Colegio de Médicos
Les Corts saca adelante una iniciativa para exigir al Gobierno el reconocimiento de la violencia en el parto y allana el terreno a su inclusión en la normativa autonómica
Imagen de un parto
El 25 de noviembre tocaba hablar de violencia de género en el debate de Les Corts coincidiendo con el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a escasas horas de que el movimiento feminista tiña de morado las calles de las ciudades de toda España para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, así como reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Era pues tarea obligada de los representantes públicos del arco parlamentario valenciano hacer gala de sus reivindicaciones contra esta lacra social y, a poder ser, sacar adelante alguna iniciativa que les permitiera encarar la manifestación vespertina con rédito político. Por pequeño o insignificante que resultase.
Y así ha acabado siendo con un debate bastante bronco -como es tradicional en este tipo de asuntos- que ha culminado con la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Compromís para instar al Gobierno de España a acelerar la reforma de la ley del aborto de 2010 e incluir en ella el reconocimiento de la violencia que se produce durante el parto, más conocida como violencia obstétrica, como un tipo de coacción que se ejerce sobre las mujeres, así como mecanismos para erradicarla. La propuesta no tiene mayor aspiración que quedar archivada en el cajón de las reivindicaciones pendientes, pero resultaba más que suficiente para que el tripartito volviese a alzarse como abanderado del movimiento feminista y allanase en terreno de cara al debate ‘real’ que se llevará a cabo en comisión a partir del 2 de diciembre.
Será entonces cuando se discutirá si el concepto de violencia obstétrica, que lleva suscitando un gran malestar a lo largo de la semana entre los propios socios del Botànic, se reconoce formalmente en la ley valenciana contra la violencia sobre la mujer. Una propuesta que pasa por identificar posibles negligencias médicas durante el parto -maltrato físico, humillación o abuso verbal- y que ya se ha cobrado la renuncia a sus cargos en las comisiones de la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Doctor Peset, Reyez Balanzá, y la jefa de la Sección de Ginecología del Hospital La Fe de Valencia, Ana Monzó, tras denunciar que resulta “injusta, abusiva y falsa” porque equipara al colectivo médico como un “maltratador” por violencia de género.
De hecho, el Colegio de Médicos de la Comunidad Valenciana ya ha emitido un comunicado rechazando esta enmienda de Compromís tras alegar que supone un “ataque directo” contra los médicos especialistas en ginecología, matronas y demás personal sanitario que participa en el seguimiento de los embarazos y partos con el fin de preservar la salud de la mujer y del bebé. Según relatan en el escrito , la violencia de género es un tema “muy serio y preocupante” en España, por lo que incluir la violencia obstétrica “no hace más que romper la confianza médico – paciente y la relación de respeto mutuo que tan importante es en nuestra profesión”.
La enmienda no sólo ha levantado ampollas entre los profesionales, sino que también ha provocado la división dentro del PSPV. La Conselleria de Sanidad ya se ha mostrado en contra de la misma porque, entre otros motivos, puede llevar a confusión. Además, resaltan el gran trabajo realizado para humanizar la atención ginecológica y sobre todo la asistencia en el parto.
No en vano, la líder de Compromís y principal impulsora de la iniciativa, Mónica Oltra, descarta que este debate deba girar en torno a la criminalización de un colectivo en particular y achaca la crispación a que “igual no se ha entendido bien la propuesta”. Considera, por tanto, que lo importante de este procedimiento es “visibilizar” que existe esta lacra en la sociedad para definir la condición de víctima “ y si una mujer del extranjero viene a este país podamos reconocer que ha sido sometida a violencia obstétrica para atenderla en nuestros servicios sociales”.
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