Quién es quién en el caso IVAM (II): Defensas y acusaciones
Son muchas las personas -físicas y jurídicas- del mundo del arte contemporáneo con los ojos puestos en la futura sentencia. También juristas.
De izquierda a derecha: Vicente Torres, Antonio Penadés y Joan Antoni Llinares.
Tras la vorágine de las tres semanas del juicio que se celebró en la Audiencia de Valencia por la adquisición por parte del IVAM de obra póstuma de Gerardo Rueda a su hijo y heredero universal José Luis Rueda, siendo directora del museo valenciano Consuelo Císcar, todo parece indicar que aguarda un largo periodo de trabajo al magistrado ponente Alberto Blasco.
Son muchas las personas -físicas y jurídicas- del mundo del arte contemporáneo con los ojos puestos en la futura sentencia. También juristas. El ex magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Milans del Bosch, que ejerce la defensa del hijo del artista, confesaba en su último alegato, pese haber aprendido mucho de arte durante las sesiones, seguir siendo un profano en la materia. Las acusaciones no dijeron lo mismo. Tal vez ya expertas, o poco interesadas en este aspecto, optaron por no glosarlo mucho.
El BOE de 26 de junio de 2019 publicó el Decreto de nombramiento de la fiscal Virginia Abad Rodríguez como nueva delegada de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El de 8 de noviembre de 2021, el de aceptación de su renuncia. En esos dos años largos, marcados por la pandemia, ha intervenido en otros asuntos de importancia política, como EMARSA, F1 y las ayudas de la Generalitat al hermano de Ximo Puig. Inicialmente en menores, después en el área de delitos económicos de la Fiscalía, ha merecido probada fama de estudiosa y rigurosa en sus posiciones jurídicas. “Heredó” esta doble causa, iniciada justo cuatro años antes de su llegada, del polémico y mediático fiscal Vicente Torres cuando éste paso a la Magistratura con el apoyo incluido del PP. Y tuvo que compartirla -con cierta incomodidad indisimulada- con la Instructora de refuerzo Nuria Soler. Ha sorprendido, a quienes dicen conocerla, que pese a demostrar un exhaustivo estudio de la causa, su argumentación no haya estado a la altura. Opaca a determinada información, rígida esta vez, más que rigurosa, optó en ocasiones por la ironía o el chascarrillo con algún testigo o perito, y por afirmaciones sensibles e indemostrables, ofensivas para los acusados.
Miguel Ángel Cervera, letrado y funcionario de la Abogacía, ha ejercido -salvo los seis meses a las órdenes de Joan Llinares en la Agencia Antifraude- la acusación particular en nombre de la Generalitat Valenciana. En la Agencia entró, como Director de Análisis e Investigación, y entre sus méritos para concursar (sin concurso) señaló precisamente su conocimiento de este caso. Al parecer ha manifestado su interés en solicitar un traslado a área distiinta al terminar este caso.
La acusación popular la ha protagonizado Acción Cívica contra la Corrupción. La Asociación sin ánimo de lucro de la que Joan Llinares es cofundador y socio destacado, se incorporó a mediados de la Instrucción y se retiró de la pieza 1 poco antes del inicio del procedimiento. Las defensas, de forma unánime, han considerado temeraria su participación en esta causa y han solicitado condena en costas. Antonio Penadés, presidente de la Asociación, participaba el lunes en el Seminario de la Agencia Antifrau, que inesperadamente vino a “blanquear” Macarena Olona.
El jurista, criminólogo y profesor del Master de la Abogacía de la UV e ICAV, el valenciano Juan Molpeceres, conocido también en ámbitos de cooperación solidaria, con sobrada experiencia en litigios de diversa índole, con especial sensibilidad por menores, maltratos y población vulnerable desde su despacho Molpeceres-Colomer Abogados, ha ejercido de forma impecable -sosegada y ordenada- según todos los observadores, la defensa de Consuelo Císcar. ESdiario publicó una extensa nota de sus conclusiones definitivas.
Francisco de Antonio Juesas (Paco de Antonio), experto senior en delitos contra la Administración Pública con cuatro sexenios de antigüedad, es considerado con muy alta puntuación por prestigiosos organismos jurídicos y alcanza el segundo lugar del ranking valenciano en su especialidad. Profesor de Derecho Penal en la Universitat Jaume I, ha asesorado jurídicamente al PSPV y a alguno de sus dirigentes. Patrocinaba a Juan Carlos Lledó en este caso.
El ex magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Milans del Bosch es un inveterado jurista que une el tesón y elegancia que ha demostrado en Valencia, a lo conocido de su apellido. Como lo es también la importancia y difusión de muchos de los casos más recientes y su índice de éxito. No le dolieron prendas para contextualizar el caso en una suerte de “represión política” en la que a su cliente le ha tocado el papel de “tonto necesario”. Ni en lamentar respetuosamente el papelón de
la fiscal.
