Puig tira la toalla en su litigio con Camps por la F1

La Abogacía de la Generalitat, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, la Abogacía del Presidente Ximo Puig, por utilizar palabras contenidas en el último escrito de la defensa del ex presidente Francisco Camps, que ejerce el letrado Pablo Delgado, ha pasado en sólo diez días de insistir ante los medios en su intención de recurrir por enésima vez el archivo del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia, cuya Instructora la magistrada Beatriz Sobremonte dictó en octubre, a desistir de su propio recurso y dar por terminada la función. “Ha venido (la Abogacía) a burlarse de los Tribunales”, sostiene el abogado de Camps en su último escrito.

ESdiario ha tenido acceso al contenido completo del escrito que presentó Camps días antes del archivo y con posterioridad a las declaraciones como testigos -y pese a la mostrada resistencia a hacerlo- del secretario autonómico de Presidencia Andreu Ferrer y la directora general de la Abogacía María José Rodríguez. Tuvo que imponerse la Instructora para que lo hicieran.

Las declaraciones fueron muy sustanciosas. Tanto, que a partir de las mismas, el escrito de Delgado, aprecia posible malversación en la conducta de la Abogacía, y por ende del propio Ximo Puig, como consecuencia del Informe extemporáneo aportado por el bufete Gómez Acebo y Pombo como trabajo de opinión de los abogados Smith e Ibáñez Benlloch, subcontratados sin autorización expresa de la

Administración. Se da la circunstancia de que Paco de Francisco, que ha ejercido la defensa de uno de los acusados en el caso IVAM, colabora esta vez con la Abogacía.

No es la primera ocasión en que el ex presidente Camps no solo no elude el fondo de la cuestión, ni evita referirse a la persecución de carácter político a la que lleva sometido una década. Ni en los escritos presentados por su defensa, ni en las declaraciones a los medios, en sus muchas entrevistas y en su propia participación en las redes sociales. Pero sí es esta vez cuando con mayor claridad y contundencia se refiere a ello.

Algunos medios han estimado en una cantidad cercana a los 2 millones de euros, los costes para el erario público de este definitivo desistimiento. De ahí la hipotética malversación, al haber destinado tan elevada cantidad a un litigio carente de contenido, “en orden a su interés político electoral”.

No hay que olvidar -y no lo olvida el escrito- que Puig, un diputado más en la oposición por aquel entonces, inició la demanda en compañía de otros colegas de bancada y a cargo de abogados de las Cortes. Cuando se vio en el Palau de la Generalitat quiso rematar la faena y puso a la consellera Mª José Salvador a la cabeza de la demanda y a la Abogacía a su servicio. Ahora podía disparar con balas de cañón.

No parece suficiente el “rédito mediático” que también se cita en el fundamentado escrito de diez páginas de fecha siete de octubre, para compensar la pérdida inútil de recursos humanos y económicos en la utilización de la Abogacía en beneficio de los intereses políticos del Presidente. Como no lo es en absoluto esta retirada que lo deja en evidencia, para compensar todo el daño causado de forma caprichosa e impune.

Tal vez otras preocupaciones le resulten prioritarias a Puig, un día en Baleares, otro en Andalucía y ¿por qué no? deshojando la margarita del adelanto electoral con fondo de pandemia todavía. Pero eso sí, en esta pugna con Camps, Puig ha tirado la toalla.