El presidente de Les Corts acude a Cataluña para reunirse con una imputada
Enric Morera tiene previsto mantener un encuentro con Laura Borràs, reconocida independentista e investigada por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y malversación
Cataluña parece haberse convertido en el epicentro de gran parte de los debates que rigen la política valenciana, ya sea por el empeño de algunos nacionalistas de llegar a materializar su idilio de los ‘països catalans’ o por los intereses que diferentes miembros del Botànic mantienen con sus socios ideológicos en esta región. Uno de ellos es el presidente de Les Corts valencianes, Enric Morera, de Compromís, que tiene programados diferentes actos durante la jornada de hoy con algunos de sus homólogos en Cataluña, entre los que destaca el encuentro con la presidenta del Parlament Laura Borràs.
El acto en sí se enmarca dentro del contexto de las relaciones institucionales propias de una persona de su cargo, aunque lo insólito en este caso es que no tenga reparos en mantener conversaciones con una persona que se encuentra investigada en el Tribunal Supremo por supuesta gestión irregular mientras estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 y el 2017. En concreto, Laura Borràs está investigada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.
Esta tesitura contrasta con la posición que mantenía Enric Morera cuando formaba parte de la oposición y que a día de hoy se sigue predicando en Compromís de rechazar que una persona imputada en casos de corrupción política pueda guardar algún tipo de vinculación política. ¿Acaso el encuentro con Laura Borrás no contribuye a ‘blanquear’ este tipo de comportamientos? La respuesta a esta pregunta es clara, pese a que algunos se esfuercen por disfrazar un trasfondo desigual cuando se echa la vista a Cataluña.
Pero no es el único caso que acumula Laura Borràs, también conocida como la coleccionista de polémicas. Y es que si bien antes de entrar en política ya firmó un manifiesto en el que cargaba contra el bilingüismo y exigía un nuevo país donde solo fuese oficial el catalán, una vez nombrada presidenta del Parlamento catalán también ha rechazado contestar en castellano a las preguntas formuladas por los periodistas. “Estamos aquí como representantes del Parlament, como si estuviéramos en la cámara. Y cuando hago las declaraciones institucionales como presidenta del Parlament las hago en catalán y eso es lo que estoy haciendo. Tenéis las declaraciones, existen los subtítulos y hay traductores que también trabajan”, manifestó en su defensa.
Todo ello, además, en plena polémica suscitada a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de consagrar el 25% de clases en español y rechazar así el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre del año pasado que instaba a todos los centros educativos a dar este porcentaje en castellano, ya que considera que el uso de esta lengua es "residual". Un duro varapalo a la inmersión lingüística que también ha dado alas a campañas de hostigamientos promovidas desde el propio govern tras ofrecer amparo a las familias que han puesto en la diana a los padres que han iniciado las demandas para que sus hijos puedan recibir esta escolarización en las dos lenguas.
Aunque nada de esto parece incomodar al ‘president’ de Les Corts Enric Morera, ya que él mismo ha tratado de impulsar desde su cargo algunos de los intereses de sus socios independentistas, el último de ellos permitiendo que varias de las Comisiones de la Cámara reciban el nombre de ‘Països Catalans’ para referirse a la Comunidad Valenciana. Asimismo, Morera ya coincidió hace un mes con Borràs en Valencia para celebrar los 50 Premis Octubre que este año daban un premio y homenaje al ex preso del ‘procés’ Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural y condenado a 9 años de cárcel por sedición por los episodios violentos ocurridos el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.