El 'esqueleto' de financiación deja a la Comunitat en los huesos

El ‘esqueleto’ de financiación que el Ministerio de Hacienda remitió a todas las autonomías el pasado 3 de diciembre con la promesa de poner fin a un sistema caduco e injusto podría dejar a la Comunitat en los huesos. Tras tibias respuestas de los presidentes autonómicos -Ximo Puig se limitó a declarar que el acuerdo no sería “fácil ni feliz”-, un elaborado informe realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha sacado a relucir algunos de los detalles que sitúan en una posición ventajosa a la conocida como ‘España vaciada’ mientras se vuelve a castigar a la región valenciana como consecuencia de una serie de elementos arbitrarios que, lejos de solventar viejas problemáticas, incide todavía más en algunas de ellas.

El organismo presidido por Ángel de la Fuente agradece a la titular ministerial María Jesús Montero que haya mantenido en su propuesta algunas de las medidas defendidas por la Comisión de Expertos de 2017, entre ellas de la revisar el cálculo de población ajustada a fin de utilizar un indicador de necesidades de gasto que pondera las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. No en vano, esta tesitura que en la teoría debería de beneficiar a la Comunitat vuelve a derivar en una situación de discriminación por una serie de ajustes "ad hoc” y “trajes a medida” que introduce el Ministerio para favorecer a algunas zonas en base a unos criterios discutibles y cuestionables.

Estos “elementos de arbitrariedad” en la fórmula de población ajustada, que se basa en variables de carácter demográfico, como el censo en edad escolar o el más envejecido; y las geográficas, como la densidad de población o la dispersión de las entidades locales, suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer 'trajes a medida' en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas.

Según los cálculos de Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría muy apreciablemente las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%), La Rioja (+5,41%), Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla-La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Baleares (+2%). En cambio, las otras regiones que verían reducidas sus necesidades de gasto con la nueva fórmula serían Comunidad Valenciana (-1,7%), Cataluña (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía (-0,54%).

El resultado pues resulta negativo para la Comunidad Valenciana, que se vería penalizada en el cálculo de la población con una reducción de las necesidades de gasto pese a ser la peor financiada. Se trata, según el informe, de un “peculiar” reparto 'por bloques' de la partida de costes fijos que se propone en base a un confuso e innecesario ejercicio de análisis y de "la introducción con calzador de un novedoso indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas regiones".

No en vano, se produce la circunstancia de que las comunidades que más ganarían con la propuesta son todas las que se reunieron en Santiago de Compostela el pasado 23 de noviembre, excepto la anfitriona, Galicia. De aquél encuentro surgió una declaración institucional con un total de 35 puntos en los que han fijado una posición consensuada, en la cual, ante una eventual reforma del sistema, solicitaban que se fijase en los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales.