El PP calienta motores para desgastar a Puig con cuatro líneas de acción en 2022
La síndica de los populares, María José Catalá, vuelve a poner los focos en Mónica Oltra por su gestión en los centros de menores y pide la comparecencia de varios miembros del Consell
El Partido Popular ya tiene definidas las líneas de acción que marcarán los primeros compases del nuevo curso político y, quizás, el último de la legislatura en el supuesto de producirse una cita anticipada con las urnas. No son muchas las iniciativas consensuadas, tan sólo cuatro, aunque prometen convertirse en prioritarias durante un largo período de tiempo a tenor de la controversia que acarrean. Algunas nuevas y otras ya conocidas pero todavía más agravadas tras la revelación de recientes informaciones que ponen en un brete la estabilidad del Gobierno valenciano en general y condiciona la estrategia de Compromís en particular.
La primera de ellas es el "escándalo” de los centros tutelados bajo la gestión de la Conselleria dirigida por Mónica Oltra. Los últimos datos reflejan que un total de 175 menores de edad a cargo de la Generalitat han sido víctimas de abusos en sólo un año, lo que ha motivado a los populares a ampliar la denuncia presentada a instancias de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Una falta de “diligencia” de la que responsabilizan directamente al jefe del Consell por su negativa a cesar de todos sus cargos a Mónica Oltra dado que “en Compromís no dimite nadie ni con agua caliente”. A la espera de conocer las próximas actuaciones del organismo supranacional y de si finalmente enviará o no una misión de investigación como la que ya se ha hecho en Baleares, el Partido Popular ha registrado una interpelación a Ximo Puig en Les Corts sobre este asunto.
La síndica del grupo en Les Corts, María José Catalá, también se ha referido a los 335 millones de fondos europeos para dar ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia que se han quedado sin conceder por la “incapacidad” del Gobierno valenciano para desplegar este paquete de medidas. En total, esta cantidad supone el 52% del total de los 647 millones que se concedieron con este fin, según los datos publicados por la Conselleria de Hacienda sobre las ayudas resueltas en la tercera convocatoria del Plan Resistir Plus.
A pesar del "esfuerzo" que según destaca el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se ha hecho para que el mayor número posible de empresarios pudiesen beneficiarse, los requisitos impuestos por el Ministerio de Hacienda y el de Economía han provocado que la ejecución sea baja en prácticamente todas las CCAA. No en vano, la portavoz del PP tilda de “indecente e intolerable” esta “falta de diligencia'' y ya han pedido la comparecencia ante Les Corts del titular de Hacienda.
En materia de Sanidad, exigen la incorporación de los 3.259 contratos COVID de refuerzo que no fueron renovados en el mes de abril. El responsable de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, también advierte que las no renovaciones de contratos son un ejemplo de las "situaciones dramáticas" en el sistema sanitario público. "Van a dejar de trabajar para el servicio sanitario público sin entender por qué, ya que el COVID continúa y las listas de espera están disparadas”, sostiene el diputado.
Tampoco se han olvidado de la “dramática situación” que vive la hostelería y el turismo de la región, que han visto cómo sus expectativas de negocio se han visto rebajadas de forma vertiginosa con el avance de la variante Ómicron, que ha llevado a la cancelación de vuelos y eventos en las fiestas de Navidad. Con el otro ojo puesto en la devolución de las ayudas ICO previstas para el mes de abril, los Populares piden al Ejecutivo de Puig “salir al rescate” del sector con un nuevo paquete de ayudas.