Archivo definitivo del caso IVAM: Acaba la locura con el arte contemporáneo

Pese a que todos los indicadores permitieran intuir que las acusaciones - Fiscalía, Generalitat y Acción Cívica- del Caso IVAM habían tirado la toalla, ha habido que esperar un mes más para que la sentencia absolutoria adquiera firmeza.

El Ministerio Público, desde el inicio de la causa y un largo semestre de secreto sumarial hasta más que mediado este proceso de seis años, fue representado por el muy mediático fiscal anticorrupción Vicente Torres que, sorpresivamente optó por el giro profesional que le llevó con éxito a la Magistratura. Le sustituyó, recién llegada, Virginia Abad, quién optó por no desmarcarse lo más mínimo de la línea dibujada y recorrida por su predecesor. El denunciante fue el entonces director Económico del IVAM Joan Llinares.

La acusación particular la ejerció la Abogacía de la Generalitat -Presidencia- en un vaivén de Miguel Ángel Cervera y Josep Pla. El primero se tomó una pausa para dirigir el departamento de investigación de Agencia Antifraude que dirige el citado Joan Llinares.

La acusación popular lo fue a cargo de la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción, que aunque concurrió con la instrucción ya iniciada, se ha mantenido con muy discreto protagonismo, pegada a los postulados de las acusaciones institucionales. Y con una agresividad verbal y argumental, poco habitual en una Sala de la Audiencia (Juzgado le llamó su titular en una de sus intervenciones). Y Joan Llinares, quién depuso como testigo perito, cuenta entre sus fundadores y es socio destacado, según reza su web.

Y si con tanto denuedo se emplearon durante la larga Instrucción protagonizada fundamentalmente por la juez de refuerzo Nuria Soler, en el nº 21 del que es titular la magistrada Nieves Molina. Si con tanto entusiasmo asumieron como propias las conjeturas policiales y las elucubraciones periciales. Si con tanta seguridad solicitaron penas de prisión de hasta doce años y embargaron bienes por valor superior a los cuatro millones de euros. Si con tanta cerrazón hicieron oídos sordos a cuantos argumentos rigurosos -en lo artístico, en lo jurídico y en lo administrativo- fueran vertidos por prestigiados expertos. Es de suponer que la lectura de la Sentencia les resultó demoledora. Porque dejaba pocos cabos sueltos, por no decir ninguno, en los que apoyar un hipotético recurso.

“Han sido unas Navidades agridulces”, vienen a coincidir en los entornos de Consuelo Císcar, la directora del IVAM que adquirió la obra póstuma de Gerardo Rueda con la seguridad de su autenticidad y de la trascendencia artística de la operación; de José Luis Rueda, el hijo y heredero universal del genial artista, que cumpliendo la voluntad de su padre hizo una más que generosa oferta de venta donación, legitimado para hacerlo y con todas las garantías legales; y de Juan Carlos

Lledó, experto y riguroso letrado funcionario de la Generalitat, que como director económico del museo, veló por el cumplimiento administrativo de la adquisición y en defensa del interés público.

El Auto dictado a fecha de hoy por el Tribunal de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha presidido la magistrada Concepción Ceres, acompañada por la magistrada Ana Cantó y el magistrado Alberto Blasco como Ponente, en su Parte Dispositiva, acuerda Declarar Firme la Sentencia dictada y el Archívese Definitivamente de las Actuaciones.

Juicio mediático al arte contemporáneo

Este periodista ha evitado el participio acusado en esta crónica para referirse a quiénes, en términos exactos, les ha sido devuelta la libertad. Y a qué precio. Porque lo cierto es que fueron acusados. Acusados, según ha quedado claro en el juicio, sin motivo, y con saña y crueldad. Víctimas de inventivas. Objeto permanente del juicio mediático en paralelo. Y hasta de burlas e insultos callejeros. Por los suelos el nombre de un artista español universal. Ridiculizado e insultado su propio derechohabiente. Destruida la excelencia profesional y el prestigio de una notable gestora cultural. Deteriorada la trayectoria pública de un funcionario experto y riguroso. En vilo el mercado del arte contemporáneo, museos, coleccionistas privados, fondos de inversión. En entredicho Julio González, Alberto Sánchez, Miró, Oteiza, hasta llegar a los clásicos de las bailarinas de Degas o los bronces de Rodin. Una sinrazón, una locura, y una pesadilla.

A la que pone fin esta firmeza de una sentencia que ya resultó firme en argumentación y conclusiones cuando se dictó el pasado 16 de diciembre. También pondrá fin a la amargura de los injustamente acusados, que así se ha sentenciado, aunque tal vez no a su dolor ni a su pena.