La izquierda autoriza macrogranjas de 7.200 cerdos mientras pontifica en contra

Macrogranjas no, pero donde gobiernan las permiten e instalan. Ese podría ser el resumen de los partidos que integran la Generalitat Valenciana, PSOE, Compromís y Unidas Podemos -este último el del ministro Alberto Garzón- que no han dejado de criticar este tipo de instalaciones tras la polémica generada por Garzón pero desde el Gobierno valenciano dan el visto bueno a las macrogranjas.

Después de del ok a una macrogranja de 152.000 pollos en Alfarrasí, la conselleria de Agricultura que dirige Mireia Mollà de Compromís ha dado autorización a una macrogranja de cerdos en Ayora que prevé multiplicar por 10 su producción, pasando de los 750 cerdos actuales a los 7.200.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicado el pasado 17 de enero especifica que esta explotación emitirá al año 78.765,80 kilogramos de metano, 39.339,64 kilos de amoniaco, 313.35 kilos de óxido nitroso y consumirá 36.792 metros cúbicos de agua, lo que equivale al consumo anual de 700 personas.

La Generalitat justifica su visto bueno en el resultado favorable del informe, de la Declaración de Impacto Ambiental y en que la empresa cumple todas las cláusulas. Entre ellas, la instalación de una planta de biometanización que convierte los purines en el gas que después utilizan como energía para la explotación, a través de una subvención del Ivace. La empresa ha sido galardonada por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los premios 'Cerdo de Oro por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal'.

Sin embargo, los ecologistas no lo ven tan claro y la asociación Amics de la Terra ha tildado de “irónico” que “la Conselleria encargada de la emergencia climática y el desarrollo rural esté permitiendo la ampliación de estos controvertidos proyectos de industrialización animal”. La plataforma vecinal contra la macrogranja denuncia que el proceso de autorización de la ampliación “ha estado lleno de irregularidades” ya que la empresa promotora “recibió una subvención de 230.000 euros incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada”.

Lo curioso es que mietras todo esto sucede, los partidos que integran la Generalitat Valenciana luego lanzan mensajes en contra de estas instalaciones y no se corresponde lo que dicen con lo que hacen. La propia líder de Podemos en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, subrayaba su “no rotundo a las macrogranjas. Sí a la ganadería extensiva” y un diputado de Compromís, partido que gestiona la conselleria de Agricultura, acusaba a estas granjas de “aumentar el riesgo de futuras pandemias”. Ya vemos luego la coherencia de sus actos.