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El pufo de Diana Morant en Gandia que podría tener indemnizaciones millonarias

El TSJCV acusa a la ministra de Ciencia y ex alcaldesa de desobedecer la ley y ocasionar “un efecto llamada” de ocupaciones ilegales e impagos en un edificio de protección oficial

La ministra de Ciencia, Diana Morant, junto a Pedro Sánchez

Publicado por
E. M.

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La acción política de la actual ministra de Ciencia, Diana Morant, cuando era alcaldesa de Gandia, se le vuelve en contra. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acusan a Diana Morant de ser responsable del grave deterioro de un bloque viviendas de protección oficial que sufrió múltiples daños ocasionados por ocupaciones ilegales e impagos.

En concreto, el TSJCV expone que Diana Morant, con la paralización de un desahucio en 2015 nada más llegar a la alcaldía, desobedeció la ley y ocasionó “un efecto llamada que como se señala en el informe policial, motivaron que desde el mes de noviembre de 2015 se generalizaran impagos y ocupaciones ilegales de viviendas”.

Para llegar a esta conclusión el TSJCV tiene en cuenta el relato que hizo la juzgadora de instancia de que el 30 de junio de 2015, con ocasión de un desahucio por cuenta de la mercantil por falta de pago de la renta de una inquilina, se personó en el lugar la entonces alcaldesa, Diana Morant, con dos concejales y apoyaron a un grupo que tenía por objetivo obstruir la acción de la justicia en la ejecución del lanzamiento.

La comisión judicial, al no contar con auxilio de la fuerza pública, tuvo que desistir. Tras ese episodio, se generalizaron en el edificio los impagos de la renta y se llenó de okupas sin título o traficantes de droga, por lo que existía una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión, relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio.

La sentencia insta al Ayuntamiento de Gandia, en manos del PSOE, a poder reclamar a la actual ministra y ex alcaldesa daños y perjuicios por su conducta. Las indemnizaciones podrían superar los 17 millones de euros y ya se ha emitido una primera resolución de liquidación por daños valorados en 700.000 euros que el Ayuntamiento de Gandía ya puede reclamar a la ministra.

Desde el PP, su portavoz Víctor Soler denuncia públicamente “el oscurantismo y la absoluta opacidad que ha existido entorno a este grave asunto para Gandia”. Los populares ya denunciaron en innumerables ocasiones la gravedad que suponía el continuo estado de deterioro en el que se encuentra el bloque de viviendas.

El PP recuerda que “este edificio es un continuo punto de venta de droga y de peleas, incluso llegándose a producir un homicidio, por lo que la inseguridad es evidente”. “Recuerdo que desde el Partido Popular hemos preguntado en innumerables ocasiones lo que estaba ocurriendo, algo por lo que nunca hemos obtenido respuesta y han ocultado todos sus movimientos al respecto”, concluye Soler.