Casado pone contra las cuerdas al presidente de Murcia por una adjudicación

Fernando López Miras es el único barón que se ha manifestado abiertamente en favor de su paisano el secretario general Teodoro García Egea en la lucha fratricida entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que desembocó en plaza pública en las últimas 72 horas. El presidente de Murcia, sin embargo, estaría entre los afectados por la singular línea roja contra la corrupción que el líder del PP ha fijado en las ondas de la cadena Cope: "Yo no permitiría que mi hermano cobrara por un contrato decidido en un consejo de ministros". Para Casado la"ejemplaridad" está por delante de la "legalidad", al menos en el caso que afecta a la presidenta de Madrid por su hermano.

Sin embargo, el gobierno de López Miras lleva adjudicados algo más de 20 millones de euros mediante sucesivos contratos por la "vía de urgencia", que dudosamente pueden ser excusados por la pandemia, para la prestación del servicio público de la televisión autonómica murciana 7TV. La beneficiaria de esta ingente cantidad de dinero público es la empresa CBM Servicios Audiovisuales SL, antes SECUOYA (empresa vinculada en su origen al PP), cuyo director, Antonio Peñarrubia, es marido de la periodista Mar Moreno, secretaría general de la Presidencia del Gobierno de López Miras con rango de consejera.

La doctrina Casado choca de plano con la lluvia de millones que recibe directamente una firma vinculada a un familiar de un colaborador de máxima confianza del presidente López Miras. La legalidad de la decisión está pendiente de los tribunales, tras el recurso interpuesto por otra empresa que puja por dirigir el canal multimedia. Pero con el criterio de Casado, su ejemplaridad es más que cuestionable.

En la comunidad próxima a Murcia, la valenciana, saben mucho de líneas rojas. La que fijó el ex presidente Alberto Fabra, ahora senador, rompió al PP valenciano. Decenas de cargos tuvieron que salir por la puerta de atrás, mientras los partidos que conforman ahora el Botànic (PSOE, Compromís y Podemos) veían como desde el propio PP se les ponía en bandeja la campaña para acabar con el gobierno valenciano, que fue en su día santo y seña para los populares. Hasta 200 cargos han quedado absueltos de acusaciones en tribunales de corrupción, después de una cacería judicial que ha durado décadas (y ha costado muertes).

"Falta de ejemplaridad" de Rita Barberá, según Maroto, y ahora de Ayuso, según Casado

El caso quizá más llamativo es el de Rita Barberá, aniquilada por su propio partido, repudiada al banco de los no adscritos en el Senado y, tras su muerte, ensalzada, venerada y homenajeada por el propio Casado hasta el punto de que se la quiere nombrar presidenta de honor en Valencia. La acusación de "falta de ejemplaridad" vertida ahora por Casado contra Ayuso, es la misma que usó Javier Maroto, con Pablo Casado en segundo plano, contra la alcaldesa de España.

Prórroga y reprórroga

El contrato a CBM-SECUOYA para gestionar la cadena pública 7TV Región de Murcia acababa después de seis años, en abril de 2020, sin opciones de prórroga. Con todo, el Ejecutivo de López Miras esperó hasta el último momento para iniciar un nuevo concurso público. Con ese retraso permitía a la adjudicataria seguir emitiendo y por lo tanto cobrando de la Administración, mediante sucesivas prórrogas por la vía de contratos de emergencia. La competencia a CBM ha denunciado vía tribunales un trato de favor a ésta dirigida por Antonio Peñarrubia, el esposo de la consejera Moreno.

Peñarrubia, por cierto, fue asesor del ex presidente de Madrid Ignacio González, pendiente de juicio por cohecho.

Fuentes del PP, a las que ha tenido acceso este medio, confirman que a Génova 13 han llegado diversos dossiers sobre supuestas irregularidades en la adjudicación del nuevo concurso de la televisión pública murciana a CBM-SECUOYA, actualmente recurrido ante los Tribunales. En ellos se subrayaría la influencia en la adjudicación del triángulo murciano formado por García Egea, Vicente Martínez-Pujalte (a quien se vincula como asesor de SECUOYA) y Mar Moreno (que trabajó con Martínez Pujalte). Todo apunta a que este dossier no ha tenido el recorrido del que se armó frente a Ayuso.