La operación Puerto de Ribó fracasa

Las ciudades portuarias, y Valencia evidentemente lo es, presentan características propias que, en su conjunto, forman parte de sus oportunidades y fortalezas en la famosa terminología DAFO. Las debilidades y las amenazas, la otra cara de cualquier realidad o circunstancia, conviene tenerlas siempre en cuenta, aunque nunca como objetivo, criterio o método.

El Puerto de Valencia es motor de la economía y el bienestar de sus ciudadanos, prácticamente desde que en tiempo de los romanos arrebató la importancia del de Denia para la exportación de pescado, aceite, y la famosa y preciada salsa garum (veáse “Aceite de oliva y salazones de pescado: factores geo-económicos de Bética y Tingitania” de M. Ponsich). Y en torno a esa importancia se ha movido su evolución y desarrollo a lo largo de la historia hasta llegar a esa posición privilegiada en el tráfico de contenedores que todavía -a duras penas- conserva en el mercado internacional naviero, naturalmente con el apoyo y colaboración de sus respectivos responsables, que van desde el Estado (Administración General y Puertos del Estado), la Generalitat (quien propone al Presidente de la Autoridad Portuaria) y el Ayuntamiento de Valencia (cuyo Alcalde forma parte de su Consejo de Administración, al igual que los Alcaldes de Gandía y Sagunto, cuyos respectivos puertos dependen de aquel).

El alcalde Ribó y la consellera Mollá, máximos representantes de la oposición a la ampliación del Puerto, debieran abandonar su cabezonería, su miopía y su ignorancia, y reconocer humildemente su error estratégico

En los últimos días han saltado a las páginas de los diarios tres noticias relacionadas con el Puerto, nada nuevas ninguna de las tres, que guardan estrecha relación entre ellas y dejan en el mismo lugar a los políticos valencianos -fundamentalmente Compromís y un PSPV que a menudo mira hacia otro sitio en casos como éste-que disfrutan colocando palos en la rueda del progreso de la ciudad de Valencia y la propia Comunidad en su totalidad. Ellos sabrán porqué.

La decisión definitiva de dar por buena la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) elaborada con precisión y absoluta legalidad antes de que de forma efectiva se acometiera la ampliación que sólo está pendiente de terminarse (hace tiempo que debiera haberse hecho) que acabamos de conocer por parte de la máxima autoridad en la materia, debiera surtir efecto entre los revoltosos. El alcalde Joan Ribó y la consellera de Agricultura Mireia Mollá, máximos representantes de la oposición -boicot podría llamarse- a la ampliación, debieran abandonar su cabezonería, su miopía y su ignorancia, y reconocer humildemente su error estratégico (siempre lo son los dictados por la pura ideología) abandonando sus irracionales posiciones. No les queda otra.

Si se confirma -como parece probable- el acuerdo alcanzado con el Team New Zealand para que la America's Cup 2024 se celebre en Barcelona en detrimento de Málaga, Yeddah ante la ausencia de la mejor candidatura -la de Valencia- cabe reclamar responsabilidades de quienes despreciaron esta magnífica oportunidad para los valencianos. Mucho me temo que no hay más razón que oponerse a todo lo que fuera iniciativa de sus antecesores, y en particular de Rita Barberá o Paco Camps. Para la oposición y para otros muchos, puro sesgo ideológico, que es lo único que mueve a los actuales dirigentes en su política de “progreso” hacia ningún sitio.

El tercer asunto, el desgobierno del “extinto” Consorcio Valencia 2007, no es baladí. Creado para administrar la cesión de terrenos, sin ánimo de lucro, del Puerto a la Ciudad, mediante complejos convenios interadministrativos entre Autoridad Portuaria y Ayuntamiento, no tiene razón de ser desde que el ICO ha condonado el préstamo impagable para la ejecución de la Marina Real Juan Carlos I, rebautizada por este Consistorio como Marina de Valencia. Y el Consorcio hace aguas. No parece razonable que, revirtiendo su administración a su propietario inicial -el Puerto- tenga éste que ocuparse de un asunto menor y en cierta medida ajeno a su negocio. Y la situación acaece insostenible. Abandono de las instalaciones, política errática de adjudicaciones, actividades y horarios, incluso un trato personal inadmisible tienen en “pie de guerra” a hosteleros históricos y muy representativos de la zona, sin que al Ayuntamiento parezca preocuparle lo más mínimo. Y su flamante director general enredado en un oscuro proceso judicial por prevaricación administrativa.