La broma pesada de Oltra sobre la cárcel que ahora le gustaría borrar

La solicitud de imputación -investigación en la terminología judicial vigente- de Mónica Oltra en el caso de abusos a la menor, por el que fue ya condenado el que en el momento de los hechos era su marido, ha significado un importante revuelo político que ha llegado estos días a los telediarios de las cadenas nacionales. El propio magistrado Vicente Ríos Segarra, titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, en su exposición razonada trasladada a la Audiencia por la condición de aforada de la vicepresidenta, dice: “A la vista están … los repetidos ataques de que ha sido (Oltra) objeto a raíz de que los hechos fueran conocidos por la opinión pública”.

Porque lo cierto es que, más allá de las reacciones de sus adversarios políticos y el disimulo hipócrita de los más cercanos y sus socios de gobierno, está en la mente de todos su radical, inapropiada y permanente agresividad e indolencia en el caso de los trajes del expresidente Camps.

La exposición razonada que ha visto la luz el pasado uno de abril junto a la petición de investigación de la vicepresidenta ante el TSJ, es demoledora. Didáctica y metodológicamente ordenada mediante veinticuatro epígrafres a lo largo de sus setenta y una páginas, ofrece un relato valorado de los hechos que parece extraído de una de las fantasías turcas que están tan de moda en el espacio televisivo. En su conjunto, lo acaecido resulta repugnante.

Conviene recordar que la menor perjudicada, nacida en mayo de 2002 y tutelada por la Generalitat desde los nueve años en un centro privado de su responsabilidad económica, organizativa y directiva, fue objeto de abuso sexual por su cuidador -el exmarido de Oltra- cuando ella todavía apenas había cumplido los quince. Sobre él recayó la correspondiente condena a cinco años de prisión, desde septiembre del pasado año aunque queda pendiente recurso al Supremo, pese a sus anteriores recursos y los intentos de la conselleria que dirige su ex mujer de ocultarlo o incluso negar los hechos.

Con la imputación solicitada de la vicepresidenta del Botànic, son ya catorce las personas investigadas, dos hombres y una docena de mujeres

Antecedentes, marco objetivo, verbalización de los abusos, protocolos, comunicaciones, correos electrónicos, notas informativas, entrevistas y reuniones, expediente parajudicial paralelo, y hasta las manifestaciones de Oltra en Corts y a los medios, efectuadas en abril de 2021, forman parte de una rigurosa y precisa cronología que deja pocas o ninguna incógnita por interpretar.

Llama la atención que, con la imputación solicitada, son ya catorce las personas investigadas, dos hombres y una docena de mujeres. Con lo que la famosa “sororidad” que es emblema de la Conselleria responsable y de su propia titular, queda claramente en entredicho dada su intencionalidad obstaculizadora y sus vanos intentos de criminalizar precisamente a la víctima, defendiendo al delincuente y protegiendo a los que ocultaron y pretendieron mitigar el delito. Es decir, ellos mismos.

La última denuncia de la menor -este mes de mayo cumplirá 20 años y lleva ya 5 de calvario- ha provocado que a la condena del abusador pudiera sumarse la de las personas que, indiciariamente, y con la vicepresidenta a la cabeza, cometieran presuntos delitos de “abandono de menor desvalido”, sin perjuicio de los que se derivan de obstrucción de la justicia mediante la pantomima de un expediente, un Informe y una Instrucción paralela y parajudicial, protagonizada por una técnico jurídica a las órdenes de Oltra.

Del parágrafo vigésimo primero, que se ocupa de las declaraciones de Oltra en sede parlamentaria y a los medios, la exposición razonada del juez Ríos llega a indicar que tal “investigación paralela, carente de sentido, comporta el empleo de recursos”, lo que suena a malversación, y su objetivo de “determinar la certeza de las declaraciones”, además de suponer intromisión en la labor juzgadora, contradice lo declarado por la máxima dirigente de Compromís. Lo que también suena a falsedad documental. En ese mismo párrafo se incluye “ … parece emular una suerte de instrucción parajudicial …” Lo que no es de extrañar, pues es costumbre inveterada de su principal protagonista y su partido en casos como el de Rafael Blasco y Consuelo Císcar, cuando llegó a “bromear” -siendo vicepresidenta y en comparecencia formal- con la necesidad de ampliación de la cárcel de Picassent en pleno proceso de investigación.

De la lectura del escrito pudiera deducirse la existencia de una trama organizada para cubrir al delincuente, hipótesis a la que en otras ocasiones tan aficionadas son la UDEF y la Fiscalía, pero que -de existir- esta vez resultaría “institucional”.